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La caída de forma conjunta en más de un 50% de las tres principales líneas de ingresos de Cuba —exportación de servicios médicos, remesas y turismo—  ha acelerado el colapso del sistema. La celebración de este 26 de julio es un día que comienza a marcar la cuenta regresiva de la extinción del régimen cubano dada la profundidad de la crisis en la que se encuentra empantanado y su incapacidad manifiesta para salir de ella.

La caída del peso cubano (CUP) frente al dólar experimentada en las últimas semanas denota la incapacidad del gobierno para revertir esta situación que ya se ha ido fuera de control.  Los grandes culpables de la inflación son GAESA –vinculada al clan Castro y sus allegados– y Miguel Díaz Canel, el presidente impuesto por Raúl Castro.

La estatización de la propiedad suprimiendo la libertad de empresa y mercado constituye el elemento clave que al final –a falta de un mecenas que financie sus deficiencias– ha conducido a la crisis multisistémica que ha empujado a más del 80% de la población cubana a la extrema pobreza.

En La Habana se acumulan diariamente algo más de 7,600 m3 de basura en espacios públicos cercanos a las viviendas y centros que los generaron. Como promedio, se recoge solo el 68%, mientras el resto permanece en las calles creando focos de infección y hasta incendios urbanos por la producción de gas metano.

La razón de que más del 67% de la población (7,435,690 ciudadanos) no reciba agua de manera estable en la actualidad es el resultado del abandono del régimen de mantenimiento por más de medio siglo a la red de acueductos mientras los recursos se invertían en construir cada vez más embalses a fines de propaganda. Las inversiones priorizan los centros turísticos del conglomerado oligárquico de GAESA y no se destinan a garantizar el derecho de acceso a agua potable de la ciudadanía.

Los retos energéticos que enfrenta Cuba no tienen una solución inmediata. La infraestructura de generación eléctrica en Cuba es obsoleta y en muchos casos resulta impracticable su reparación. Se requerirán de 6 a 8 años (algunos estiman que diez) y una inversión multimillonaria (10,000 millones de dólares) para reconstruir la capacidad de generación termoeléctrica. La única solución posible es eliminar el modelo de centralización estatizado (totalitario) de la economía e ir a una economía de libre mercado.

En el año 2024 el desafío principal que se alza frente al cambio hacia una sociedad abierta, democrática y próspera apoyada en un Estado de derecho y un mercado libre es la necesidad de consensuar entre diferentes sectores sociales y actores una hoja de ruta compartida que permita transformar las próximas y altamente probables rebeliones, en un amplio movimiento social dirigido al desplazamiento del poder de la oligarquía.