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Durante décadas, el Servicio Militar Obligatorio (SMO) ha sido presentado por el gobierno cubano como un deber patriótico y una necesidad para la defensa nacional. Sin embargo, la evolución de esta institución revela una realidad muy diferente. Mientras buena parte de América Latina ha eliminado, flexibilizado o reducido la conscripción obligatoria, Cuba ha seguido el camino contrario: ha reforzado su carácter coercitivo, endurecido las sanciones contra quienes intentan evitarlo y mantenido un sistema opaco que acumula denuncias por abusos, negligencias y muertes de reclutas.

Lejos de tratarse de un debate exclusivamente militar, el SMO se ha convertido en un reflejo del funcionamiento político del Estado cubano. El problema ya no es únicamente que los jóvenes deban servir en las Fuerzas Armadas, sino las condiciones en que lo hacen y la ausencia de mecanismos que permitan proteger sus derechos o exigir responsabilidades cuando ocurren tragedias.

Uno de los datos más alarmantes documentados en el dossier es la existencia de al menos 97 muertes de jóvenes durante el Servicio Militar entre 2001 y 2026. De ellas 22 se debieron a suicidios que ocurrieron en 2025, idéntica cifra a los suicidios registrados ese mismo año por las fuerzas israelíes sometidas a una permanente situación de conflicto. Los investigadores advierten además que esta cifra constituye apenas un mínimo documentado, ya que el Estado cubano no publica estadísticas oficiales y existen numerosos casos pendientes de verificación. La edad promedio de las víctimas apenas supera los 18 años.

Especialmente preocupante resulta que el suicidio aparezca como la principal causa de muerte registrada, por encima de accidentes, enfermedades o hechos violentos. A ello se suman denuncias reiteradas sobre jóvenes enviados a unidades militares pese a padecer problemas psicológicos o enfermedades incompatibles con el porte de armas, así como la utilización de reclutas en labores agrícolas, de construcción o de otro tipo que poco tienen que ver con la preparación militar.

El marco legal cubano tampoco ha evolucionado en dirección a una mayor protección de los reclutas. Por el contrario, las reformas más recientes han fortalecido el régimen sancionador. La legislación vigente mantiene la obligatoriedad para los varones desde los 17 años, obliga a inscribirse desde los 16 y niega expresamente el derecho a la objeción de conciencia. Los nuevos códigos penal y penal militar endurecen además las penas contra quienes intentan evadir el servicio o incluso se autolesionan para obtener una baja médica.

Esta evolución contrasta con la tendencia internacional y, sobre todo, con la registrada en América Latina durante las últimas tres décadas.

Tras el final de las dictaduras militares y la consolidación de regímenes democráticos, numerosos países comenzaron a revisar críticamente la conscripción obligatoria. Argentina abolió el Servicio Militar Obligatorio en 1994 después de la muerte del conscripto Omar Carrasco, cuyo asesinato provocó una enorme conmoción nacional y precipitó una rápida reforma legal. Perú suspendió la conscripción forzosa con la Constitución de 1993 y posteriormente la prohibió expresamente. Ecuador eliminó el servicio obligatorio en 2008. Uruguay lo había abandonado mucho antes y Chile mantiene un sistema donde primero se cubren las plazas con voluntarios y solo excepcionalmente se recurre al sorteo. Incluso México conserva una modalidad obligatoria que, en la práctica, no implica el internamiento permanente ni la interrupción de la vida civil de los jóvenes.

La tendencia regional es clara: profesionalizar las fuerzas armadas, reducir la coerción estatal y limitar el recurso al reclutamiento forzoso.

Cuba constituye hoy una excepción.

Mientras otros países suavizan sus sistemas, el régimen cubano mantiene uno de los modelos de conscripción más rígidos del continente. No solo conserva la obligatoriedad, sino que penaliza severamente la evasión, rechaza cualquier reconocimiento de la objeción de conciencia y continúa ampliando las facultades coercitivas del Estado sobre los jóvenes llamados a filas.

Esta diferencia resulta aún más llamativa si se considera el contexto demográfico de la isla. Cuba atraviesa la mayor caída poblacional de su historia reciente y el grupo de hombres jóvenes en edad militar se ha reducido significativamente debido al envejecimiento y la emigración masiva. En lugar de flexibilizar el sistema, diversas denuncias apuntan a que las autoridades han relajado los criterios médicos y psicológicos de selección para poder cubrir las cuotas de reclutamiento.

El endurecimiento del SMO tampoco puede entenderse únicamente desde una perspectiva militar. Desde su creación en 1963, la institución fue concebida también como un mecanismo de formación ideológica y disciplinamiento social. Fidel Castro defendía entonces que el servicio militar serviría para moldear al “nuevo hombre” socialista y corregir conductas consideradas desviadas. Esa función política ha permanecido presente durante más de seis décadas mediante distintas estructuras militares y paramilitares, incluido el Ejército Juvenil del Trabajo.

La ausencia de transparencia constituye otro rasgo distintivo del modelo cubano. Cada muerte suele estar rodeada de versiones oficiales contradictorias, investigaciones poco creíbles y escasas posibilidades de que las familias conozcan realmente lo ocurrido. En numerosos casos documentados, los familiares denuncian presiones para guardar silencio, dificultades para acceder a informes forenses e incluso represalias cuando exigen responsabilidades.

En otros países con servicio militar obligatorio también existen problemas. Israel, por ejemplo, registra suicidios entre sus reclutas. Sin embargo, la diferencia fundamental radica en que allí las cifras son públicas, los medios investigan, existen organismos independientes de supervisión y las tragedias suelen generar reformas institucionales. El problema puede persistir, pero existe un debate público y mecanismos para corregir fallas.

En Cuba ocurre exactamente lo contrario. La opacidad impide conocer la verdadera magnitud del fenómeno y limita cualquier posibilidad de fiscalización ciudadana.

Más que una simple institución militar, el Servicio Militar Obligatorio cubano parece haberse convertido en un instrumento de control social que permanece prácticamente intacto desde hace más de sesenta años. En una región donde la tendencia dominante ha sido ampliar las libertades de los ciudadanos frente al Estado, Cuba avanza en dirección opuesta. Esa divergencia constituye, quizás, uno de los indicadores más claros del creciente aislamiento político e institucional del régimen cubano.