En la primera parte de este trabajo quedó demostrado que el estado de la economía cubana antes de 1959 no fue la causa de la Revolución, la cual debe buscarse en el predominio de la violencia en nuestra historia política, sumado a la ausencia de una sólida formación democrática en la sociedad republicana. Esta segunda parte se detiene en la subordinación de la economía a la política, a una ideología y a los caprichos del líder, proceso que no es posible comprender en su totalidad únicamente desde las leyes económicas.

 Los antecedentes políticos

Manuel Urrutia Lleó, al jurar como presidente Provisional de Cuba el 2 de enero de 1959, designó a Fidel Castro comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Con este acto violó la Constitución de 1940, que definía al presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire.

José Miro Cardona, nombrado primer ministro el cinco de enero, fue sustituido por Fidel Castro treinta y nueve días después, quien se encargó, al tomar posesión del cargo, de reemplazar  a los ministros reformistas y conservadores procedentes del movimiento cívico, y anunciar un programa de gobierno que “aumentaría notablemente la producción agrícola, se duplicaría la capacidad de consumo de la población campesina y Cuba borraría su pavorosa cifra de desempleo crónico, logrando para el pueblo un nivel de vida superior al de cualquier otra nación”.[1]

Para alcanzar el propósito declarado, Fidel Castro inició un proceso de erradicación de la propiedad privada. En 1959 creó el Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados (3 de enero), que decomisó valores por cuatrocientos millones de pesos a Fulgencio Batista y altos funcionarios del gobierno depuesto. Y dictó la Primera Ley de Reforma Agraria (17 de mayo), que confiscó las extensiones superiores a las treinta caballerías, y el 40% de las mejores tierras pasaron directamente a propiedad del Estado. La arbitrariedad de las confiscaciones es descrita en el libro En Marcha con Fidel, 1959, de Antonio Núñez Jiménez:

La Asociación de Ganaderos de Camagüey rechazó la Ley de Reforma Agraria (INRA), previendo que “el brusco cambio de sistema económico del país traería aparejada la paralización de la economía con sus consecuencias inmediatas de hambre y miseria”; que el doctor Armando Caíñas Milanés, presidente de la Asociación de Ganaderos de Cuba, declaró: “Nosotros hemos intentado muchas veces discutir con el doctor Fidel Castro los puntos en que discrepamos de la Ley Agraria […]. Se desvirtúa el derecho de la propiedad y de la libre empresa con un organismo estatal omnímodo e inobjetable”; Tony Varona[2] abogó en un programa televisivo contra la Ley de Reforma Agraria porque contradecía la Constitución de 1940 y censuró al INRA “por tener más poder que el Presidente de la República […] hacemos objeciones al INRA porque esté regido solamente por dos personas”; el Gobierno de Estados Unidos comunicó oficialmente al de Cuba su “grave inquietud porque la nueva Ley de Reforma Agraria no incluye la pronta y adecuada compensación para los inversionistas norteamericanos”. [3]

Según Núñez Jiménez, Fidel afirmó:

“Una cosa es la ley y otra es la Reforma Agraria. La ley implica una serie de trámites. Yo, por respetar la ley, respeto hasta el semáforo, pero estoy convencido de que nosotros tenemos que librar esta gran batalla de tal manera que cuando los latifundistas se den cuenta de lo que estamos haciendo, ya la Reforma Agraria se haya realizado […]. No hay otra forma. Hay que decir que a los latifundistas los tenemos anonadados. […]. Los latifundistas resollaron después que conocieron la Ley y cuando protestaron les remetimos medio millón de campesinos en La Habana […]. Los vegueros se han quedado sin vegas. Los grandes ganaderos se han quedado sin Asociación de Colonos. La Asociación de Colonos se ha quedado sin colonos”; el comandante en jefe aconseja a los jefes agrarios “que cuando se dispongan a intervenir una finca, la Ley debe llegar después que la intervención y agrega que a la hora de decidir cuántas caballerías le dejan a un latifundista, puede que tengan el criterio de dejar cien como marca la Ley, si están bien cultivadas, pero mejor dejarle cincuenta”. [4]

En 1960 se nacionalizaron los bienes y empresas de personas naturales o jurídicas de Estados Unidos, se expropiaron las grandes empresas industriales y comerciales, y el resto de las empresas privadas cubanas y norteamericanas. En 1961 se confiscaron todos los bienes de las personas que se ausentaran del país con carácter definido”, [5] y se promulgó la Ley 963 (4 de agosto) para cambiar los billetes en uso por otros de igual valor. En este canje, iniciado el 5 de agosto, sólo un representante por cada núcleo familiar podía cambiar hasta 10 000 pesos, de los cuales recibía 200 en efectivo y los 9 800 restantes quedaban en el banco para ser extraídos a razón de 100 pesos mensuales. El resto del dinero en manos de los cubanos les fue confiscado.

En marzo de 1962 las fuerzas políticas existentes –(DR-13-M), Partido Socialista Popular (PSP) y (M-26-7)– se unificaron en las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI) y designaron a Aníbal Escalante secretario de Organización. Unos días después, Escalante fue acusado de sectarismo por Fidel Castro, quien asumió el cargo de Primer Secretario. En enero de 1963 las ORI se convirtieron en el Partido Unido de la Revolución (PURS), y en octubre de 1965 el PURS se renombró como Partido Comunista de Cuba (PCC),[6] elegido Fidel Castro como Secretario General. Es decir, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Primer Ministro y Secretario General del único Partido. Los cimientos del totalitarismo quedaron fundidos.

En 1963 se dictó la Segunda Ley de Reforma Agraria (3 de octubre), que redujo la extensión permitida de treinta a cinco caballerías, con las que el Estado elevó al 70% las tierras cultivables del país. Entre 1965 y 1968 se ensayó la erradicación de las relaciones mercantiles, los pagos y recibos entre empresas, los impuestos, el cobro de intereses y el sistema de contabilidad; se experimentó la construcción simultánea del socialismo y el comunismo en Isla de Pinos, y se expropiaron las 55 636 empresas pequeñas que quedaban en manos privadas.

Paralelo a ese proceso de desmontaje y confiscación, la enseñanza, la prensa y las instituciones culturales fueron subordinadas al Estado, mientras las organizaciones de empleadores, las asociaciones cívicas y/o económicas, se sustituyeron por las nuevas que se crearon subordinadas al poder.

La economía, en violación de los preceptos constitucionales vigentes, quedó sometida a la política: la Constitución de 1940, efectiva hasta el 7 de febrero de 1959, reconocía “la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad pública o interés social establezca la ley”. La Ley Fundamental del Estado Cubano, que en febrero de 1959 suplantó a la Constitución de 1940, conservó la prohibición de la confiscación de bienes, pero autorizó la de los bienes de funcionarios del gobierno depuesto en diciembre de 1958, de sus colaboradores, y de las personas naturales o jurídicas responsables de delitos cometidos contra la economía nacional o la hacienda pública: “Ninguna otra persona natural o jurídica reza en la Ley Fundamental “podrá ser privada de su propiedad si no es por autoridad judicial competente, por causa justificada de utilidad pública o de interés social y siempre previo el pago de la correspondiente indemnización en efectivo, fijada judicialmente”. Es decir, las confiscaciones realizadas fueron anticonstitucionales.

El resultado de la violación de principios básicos de la economía no se hizo esperar. En marzo de 1962 hubo que implantar la libreta de racionamiento, la renta nacional comenzó un descenso que aún se mantiene y el país pasó a depender de la caridad ideológica, comenzando por las subvenciones soviéticas.

Con el poder absoluto y el país subvencionado, el máximo líder se enfrascó en la ejecución de los llamados Planes Especiales, entre ellos el de la zafra azucarera de 1970 para producir diez millones de toneladas, que además de incumplirse dislocó todas las actividades del país; o los cruces genéticos de la ganadería bovina, que arruinaron a uno de los sectores productivos más prósperos de la nación. Sin hacer mención a esos descalabros, y para camuflarlos, en el informe Central al Primer Congreso del PCC, en 1975, Fidel Castro citó cifras como las siguientes: El número de tractores creció de 9 mil a 54 mil entre 1958 y 1975 […]. El área de riego, de 160 mil hectáreas a 580 mil. Las áreas sembradas de cítricos superan nueve veces las existentes en 1958, y representan ya más de 100 mil hectáreas […]. Se mecanizó al 100% el cultivo del arroz, contándose con un parque de mil combinadas. Se usan actualmente tres veces más pesticidas y cinco veces más fertilizantes que antes del triunfo de la Revolución”. Anunció un crecimiento del 6% anual para el quinquenio 1975-1980: “Esto significa que en 1980 tendremos un Producto Social Global 34% mayor que en 1975. A ese ritmo en sólo once años se duplica la economía de un país”.

El caudillo escamoteó con promesas macroeconómicas las consecuencias reales de sus disparates y delirios. Así, Cuba superó a todos los países de América Latina en cantidad de tractores, combinadas, áreas de riego, pesticidas y fertilizantes, pero la productividad fue la más baja de la región. Once años después, en 1986, en lugar de duplicar la producción según había anunciado, declaró el proceso bautizado como “Rectificación  de Errores y Tendencias Negativas”, fenómeno al que volveremos.

Un resumen de la cadena de algunos planes y medidas implantadas en los años siguientes con el propósito de mantener el control totalitario establecido e impedir el resurgimiento de un empresariado nacional, fueron:

En 1982, con las operaciones “Pitirre en el alambre” y “Adoquín”, se clausuraron los negocios de artesanos, artistas y campesinos, y se decomisaron sus medios de trabajo, materiales y la divisa que poseían.

En 1986, cuando el XXVII Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética aprobó las reformas de Gorbachov[7] (Perestroika y Glasnost) –un intento de corregir lo incorregible que condujo al desmontaje de ese sistema–, Fidel Castro, previendo el derrumbe, en el III Congreso del Partido Comunista de Cuba (1986) enarboló su política de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas, dirigida a blindar el totalitarismo tropical.

En 1987, al disminuir la entrada de divisas como resultado de la merma en las exportaciones, aprovechando la escasez de artículos se instituyeron “las casas del oro y la plata”, donde las prendas preciosas en manos de los cubanos eran canjeadas por bonos para adquirir productos de baja calidad.

El 7 de diciembre de 1989, en el acto de sepultura de los cubanos muertos en misiones internacionalistas, Fidel Castro rechazó las reformas soviéticas y dedicó su discurso a denigrar al capitalismo. Al respecto, dijo:

El capitalismo, su economía de mercado, sus valores, sus categorías y sus métodos no pueden ser jamás los instrumentos para sacar al socialismo de sus actuales dificultades […].  Por ello nosotros no hemos vacilado en impedir la circulación de ciertas publicaciones soviéticas que están cargadas de veneno contra la propia URSS y el socialismo […].  ¿Pero es acaso abandonando los más elementales principios del marxismo-leninismo se puede perfeccionarse el socialismo? ¿Por qué las llamadas reformas tienen que marchar en un sentido capitalista?

Pero el impacto de la crisis generada por la pérdida de las subvenciones soviéticas obligó, entre 1993 y 1994, a introducir actividades antes prohibidas: la despenalización del dólar; la empresa privada bajo el eufemismo de trabajo por cuenta propia; la conversión de granjas estatales en Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC); la autorización de las remesas familiares; la dualidad monetaria. Estas y otras medidas de corte reformista, cuasi capitalistas, posibilitaron un crecimiento del PIB de 4% en 1995. Pero fueron concebidas como temporales: en cuanto comenzaron a gestar un embrión de clase media, se les dio marcha atrás.

Ignorando observaciones como las del economista español, Carlos Solchaga (acerca de que una tasa de crecimiento del 4 al 5% no resolvería la caída sufrida entre 1989 y 1993),[8] o de  economistas cubanos, el V Congreso del PCC (1997) aprobó un plan de crecimiento del PIB entre el 4 y el 6% anual. En 2004, gracias a las medidas proto capitalistas, la economía dio señales de reanimación. Entonces el dólar se sustituyó por el peso convertible (CUC), lo cual convirtió a Cuba en el único país con dos monedas nacionales (CUC) y (CUP),  ambas sin respaldo productivo.

Diez años después del V Congreso del PCC, en julio de 2007, Raúl Castro reconoció el fracaso de las reformas. En 2008 promulgó el Decreto Ley 259 para entregar en usufructo parte de las tierras ociosas que el Estado no fue capaz de hacer producir. El resultado: la producción de 2011 –reconocido por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información– resultó inferior a la de 2007.[9]

Ante esos fracasos, en especial el declive de la producción azucarera, en noviembre de 2008 se nombró a un general al frente del Ministerio del Azúcar, que no puso detener el descalabro. Luego, en el 2011, se creó el grupo empresarial azucarero AZCUBA, que tampoco pudo cumplir, en ningún año, los planes trazados. La producción agropecuaria, por su parte, en 2010 había caído en 4,2%.

En el propio 2011 el PIB creció menos de lo previsto; la importación de alimentos aumentó (de 1,5 millones en 2010) a 1,7 millones. Fue el año en que Cuba tuvo la segunda tasa más baja de crecimiento del PIB en América Latina. Las ventas disminuyeron en 19,4% respecto a 2010, y los precios al detalle se incrementaron en 19,8%, mientras el salario medio mensual nominal aumentó solo en 2,2%. En cambio, las actividades delictivas crecieron, al punto que la corrupción, junto a la ineficiencia de la producción, devinieron problemas de seguridad nacional. Ese mismo año se celebraba  el VI Congreso del PCC, que aprobó un proyecto de cambios estructurales y de conceptos, conocido con el nombre de Lineamientos de la Política Económica y Social de la Revolución. En ellos se declaraba: “el sistema de planificación socialista y la empresa estatal socialista continuarían siendo la forma principal en la economía”, y “no se permitirá en las formas de gestión no estatales la concentración de la propiedad en personas jurídicas o naturales”.

La ausencia de un enfoque integral ante una crisis estructural, y la exclusión de los cubanos como sujetos activos, convirtieron el propósito en simples enunciados.

En 2012 se sustituyó el Decreto-Ley 259 (entrega en usufructo de parte de las tierras ociosas del Estado) por el Decreto-Ley 300, el cual alivió algunas restricciones de la disposición anterior, pero conservó e implementó otras. En 2014 el Decreto-Ley 300 fue modificado con el 311, pero se conservó el concepto de usufructo para mantener al Estado como propietario. Entre los años 2011-2014 el PIB creció en 2,3%, en 2015 un 4%; pero el primer semestre del 2016 cayó al 1%.

El mismo camino siguieron los intentos por atraer la Inversión Extranjera Directa (IED) iniciada a finales de la década de 1980 con el establecimiento de un grupo de empresas mixtas –intentos retomados sucesivamente: en 1982 con el Decreto-Ley No.50, en 1995 con la Ley No. 77, en 1982 el Decreto-Ley No 50; en 2013 con la creación de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM); y en 2014 con la Ley 118. Esas normativas, cargadas de restricciones, ausencias de garantías y excluyentes para los cubanos, no dieron los resultados deseados.

En 2020 –según se expandía la pandemia Covid-19 en Cuba–, ante la creciente escasez de divisas se quitaron de golpe casi el total de las mercancías de las tiendas en CUC, se extendió el uso del dólar y se crearon tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) –una moneda virtual–, con el objetivo de monopolizar por parte del Estado treinta años. Se hundió el turismo, y como Cuba no formaba parte del FMI ni del Banco Mundial, no pudo acudir a los préstamos.

¿Que quedaba al Gobierno?: drenar al pueblo y al exilio. Ese año se anunció la Tarea Ordenamiento, dirigida a la supresión del CUC, al establecimiento de un nuevo tipo de cambio oficial del CUP y a una reforma de precios, salarios y pensiones para reordenar el caos monetario y financiero. Su propósito era la unificación monetaria y del tipo de cambio, la eliminación de subsidios y reformas en los ingresos. Para ello se estableció un salario mínimo de 2 100 pesos y un máximo de 9 510 pesos, se consideró una canasta básica de bienes y servicios valorada en 1 528 pesos, y se calculó un incremento de precios de 1,6 veces. Los salarios estatales tendrían un incremento promedio de 4,9 veces, y las pensiones de 5 veces. Sin embargo, en la Asamblea Nacional del Poder Popular de octubre de ese año, Marino Murillo, jefe de la Comisión de implantación y Desarrollo de los Lineamientos, reconoció que la inflación creció más de los previsto: de 1 528 a 3 250 en La Habana, y a 3 057 en provincias.  Apenas se puso en marcha la Tarea, el Ministerio de Finanzas y Precios tuvo que introducir correcciones sobre los precios para la carne de cerdo, la leche, el arroz, y sobre la formación de precios de los productos. El “Reordenamiento” agudizó la crisis económica, devaluó el CUP y generó la superinflación.

En 2021, en el VIII Congreso del PCC, se aprobó la Actualización de las Bases Teóricas y Conceptuales del Modelo Económico, pero sin corregir las limitaciones anteriores: la propiedad estatal como forma principal y la prohibición de la concentración de la propiedad y la riqueza en personas naturales o jurídicas no estatales.

Ese mismo año 2021 se retomaron las Mipymes, autorizadas pero sin personalidad jurídica y con una infinidad de obstáculos para evitar su despegue. En 1993 se habían autorizado 117 actividades, que en 1994 aumentaron a 157, y en 2010 hasta 181. En 2018 les pusieron freno: implementaron nuevos impuestos, limitaron el número de licencias a una autorización por persona, impusieron la obligatoriedad de tener una cuenta bancaria fiscal, eliminaron la exoneración del pago de impuestos por la contratación de hasta cinco trabajadores, y limitaron las licencias; un paquete de decisiones dirigidas a impedir la formación y consolidación de una clase media nacional. Atrapados en la citada cadena de fracasos, se aprobó finalmente la creación de Mipymes, dotadas de personalidad jurídica, con poder para exportar e importar, gestionar y administrar sus bienes, definir los productos y servicios a comercializar, operar cuentas bancarias y acceder a cualquier fuente lícita de financiación; pero limitadas a sectores no estratégicos, y con desventajas respecto al sector estatal y al capital extranjero. Sin embargo, pasó poco tiempo para que las “permisibilidades” fueran sometidas a nuevas restricciones. Se derogó la autorización para importar y exportar mercancías de forma mayorista, operaciones solo permitidas a entidades estatales. Nuevamente la economía quedó acotada por la “administración” –que no planificación– como rasgo distintivo del totalitarismo. Según el Ministerio de Economía y Planificación, en mayo de 2024 existían 11 064 Mipymes privadas, 209 estatales y 71 cooperativas no agropecuarias, para un total de 11 344, la quinta parte de las que confiscaron durante la Ofensiva Revolucionaria de marzo de 1968.

Con el propósito de recuperar por parte del Estado el control del dinero en manos de la población, en 2023 se estableció un corralito financiero (Resolución 11/2023 del Banco Central de Cuba), que aumentó la falta de confianza de los cubanos en el sistema bancario (generada por el canje de 1961). Dicha resolución estableció límites a los cobros y pagos en efectivo, para obligar a recurrir a las transacciones electrónicas (bancarización).

Por último, en 2024 se aprobó un programa de gobierno para “corregir distorsiones e impulsar la economía”. El 13 de diciembre de ese año, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, en el IX Pleno del Comité Central del PCC, reconoció: “tenemos la insatisfacción de que no se ha avanzado con la necesaria celeridad, sobre todo en aquellas cuestiones que más demanda la población, la poca participación de la producción nacional en los productos que se distribuyen en la canasta familiar normada, el bajo aprovechamiento de las capacidades instaladas para productos industriales”. Resumió diciendo que no se alcanzaron los resultados esperados, incluyendo la zafra azucarera, en la que se reiteraron incumplimientos.[10]

La subordinación de las leyes económicas al voluntarismo y los caprichos de una persona investida con poderes absolutos, y al menosprecio al papel de las libertades ciudadanas, son el factor común de todos esos planes y proyecto, y la causa de su fracaso.[11]

El griego Aristóteles[12] y el italiano Tomás de Aquino[13] consideraban a la propiedad como una institución necesaria al hombre por razones puramente prácticas. Para estos pensadores, separados en el tiempo por más de mil quinientos años, las formas de propiedad constituían un medio de coadyuvar al verdadero fin, que es el propio ser humano. Algo que el cubano José Martí, resumió en una oración: “Es rica una nación que cuenta muchos pequeños propietarios […] En economía política y en buen gobierno, distribuir es hacer venturosos”[14] Esa tesis se complementa con el pensamiento de la politóloga Anna Arendt: “Una revolución que se proponga liberar a los hombres sin plantear, paralelamente, la necesidad de generar un espacio público que permita el ejercicio de la libertad, sólo puede llevar a la liberación de los individuos de una dependencia para conducirlos a otra, quizás más férrea que la anterior”,[15] que es precisamente lo ocurrido en Cuba, como lo demuestran los resultados en los cinco sectores productivos citados en la primera parte de este trabajo.

El efecto negativo de la estatización no admite dudas. El daño sufrido por la economía se manifiesta en el retroceso de la capacidad exportadora del país. Como plantea Roberto Álvarez Quiñones en el artículo “Cuba sin castrismo, podría exportar 42 veces más”, en 1958 Cuba exportó bienes por valor de 7 488 millones de dólares y en 2021 solo 1 548 millones (4,8 veces menos). [16]

El crecimiento y la eficiencia de la propiedad sobre los medios de producción en manos privadas y se manifiestan en los salarios en correspondencia con el costo de la vida. Ambos requisitos fueron barridos por el totalitarismo en Cuba. En su lugar, el régimen ha optado por entregar a empresas extranjeras las tierras que les fueron arrebatas a los propietarios cubanos, como está ocurriendo en el municipio Los Palacios, donde cedieron 308 hectáreas por un plazo de tres años a una empresa vietnamita, y tienen en plan continuar entregado más hectáreas.[17]

 Desde la confiscación de los medios de producción hasta la Tarea para Corregir Distorsiones e Impulsar la Economía, pasando por la Rectificación de Errores y Tendencias Negativas, los Lineamientos de la Política Económica y Social de la Revolución, la Tarea Ordenamiento, y la Actualización de las Bases Teóricas y Conceptuales del Modelo Económico, los factores determinantes han sido la evasión de las leyes económicas, la falta de voluntad política para emprender reformas estructurales, la ausencia de libertades, la manipulación, y el empobrecimiento de los cubanos.

Los fracasos sostenidos del sistema totalitario impuesto en Cuba después de 1959 tienen su causa en la coartación de las libertades ciudadanas, entre ellas el derecho a la propiedad privada y la economía de mercado. Al ser un sistema incompatible con la vida, su comprensión desborda el análisis económico, y requiere del auxilio de otras ciencias sociales con un enfoque integral.

Epílogo

Durante más de sesenta años el discurso oficialista y la propaganda del régimen totalitario cubano, han atribuido al factor económico y a las desigualdades sociales las causas de la Revolución de 1959. Si en la primera parte de este trabajo quedó demostrado que no fue la economía lo que condujo a tal proceso, sino el predominio de la violencia en nuestra historia política y la ausencia de una sólida formación democrática en la sociedad republicana, en este capítulo pudimos comprobar que el retroceso sufrido a partir de 1959tiene sus causas en la subordinación de la economía a la política, a una ideología y a los caprichos del líder, Un retroceso que no es posible comprender únicamente desde las leyes económicas.

Todas las medidas y planes implementados en Cuba desde 1959, han estado dirigidos a conservar el mando mediante el control monopólico de la economía, la información, la enseñanza, la cultura y el poder, político. Estos factores han determinado el decrecimiento de la Renta Nacional, y en consecuencia, la incapacidad financiera para sostener servicios básicos de la población como la electricidad, el agua, el transporte, la vivienda, la alimentación y la salud.

La generalización de marcadas desigualdades sociales, de pobreza extrema, del aumento de los actos delictivos y el imparable éxodo migratorio, marcan la fase terminal del totalitarismo cubano.

Bibliografía

Buch Rodríguez, L M. Gobierno Revolucionario Cubano: génesis y primeros pasos. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1999.

Díaz Pou, Francisco. La etapa de los ajustes estructurales en la industria azucarera cubana. En: Ajustes estructurales en la industria azucarera cubana.

Castro, Fidel Discurso en la Clausura del III Congreso del Partido Comunista de Cuba
http://www.fidelcastro.cu/es/discursos/clausura-de-la-sesion-diferida-del-iii-congreso-del-partido-comunista-de-cuba  

Martí, José. Obras completas, t. 7, Nuestra América. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1991.

Mesa Lago, Carmelo. “Los cambios en la propiedad en las reformas económicas estructurales de Cuba”, Espacio Laical, a. 9n.1 Año 9 No. 1/2013.

Ministerio de Justicia. Gaceta Oficial de la República de Cuba. Edición Extraordinaria. La Habana, jueves 13 de octubre de 1960, t. quincenal, n. XIX.

Núñez Jiménez, Antonio. En marcha con Fidel, 1959. La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1982.

Smith Carl y Hannah Arendt.  Consenso y conflicto; la definición de lo político. Editorial de la Universidad de Antioquia, Colombia 2002, p.147.

Solchaga, Carlos. “Cuba: perspectivas económicas”. Encuentro de la Cultura Cubana, n. 3, invierno de 1996/1997.

NOTAS

[1] L M. Buch Rodríguez. Gobierno Revolucionario Cubano: génesis y primeros pasos. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1999, p. 80.

[2] Manuel Antonio de Varona y Loredo (1908-1992), político cubano, abogado, fundador del Directorio Estudiantil Universitario de 1930, fundador del Partido Revolucionario Cubano, Auténtico, primer ministro en el gobierno de Prío, autor de la ley contra el gansterismo, participa en el diálogo cívico dirigido por Cosme de la Torriente.

[3] Antonio Núñez Jiménez. En marcha con Fidel, 1959. La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1982, pp. 51, 189 y 190.

[4] Ibídem, pp. 239-242.

[5] Ministerio de Justicia. Gaceta Oficial de la República de Cuba. Edición Extraordinaria. La Habana, jueves 13 de octubre de 1960. Tomo Quincenal, Número XIX.

[6] El primer partido comunista de Cuba se fundó en 1925.

[7] Mijaíl Gorbachov (1931-2022). Secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética (1985-1991) y jefe de Estado de la Unión Soviética (1998-1991). Premio Nobel de la Paz (1990). Líder de la Unión de Socialdemócratas en 2007.

[8] En 1993, al autorizarse el uso del dólar, se abrió una red de casas de cambio (CADECA) y se autorizó una red de comercio minorista en esa moneda para recaudar divisas.

[9] Carlos Solchaga. “Cuba: perspectivas económicas”. Encuentro de la Cultura Cubana. No. 3, invierno de 1996/1997, pp. 44-46.

 

 

[10] Carmelo Mesa Lago. “Los cambios en la propiedad en las reformas económicas estructurales de Cuba”. Espacio Laical, Año 9, No. 1, 2013.

[11] Para comprender el desastre basta citar los siguientes datos: en 1894 Cuba sobrepasó el millón de toneladas de azúcar. En 1897, como resultado de la guerra, la producción descendió a 212 000 toneladas. Pero en 1905, durante el gobierno de Tomás Estrada Palma, se produjo 1 230 349 toneladas. En 1952 se llegó a producir 7 298 023 toneladas de azúcar, y en 2025 solo se produjeron 150 000 toneladas.

[12] Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.). Filósofo y científico., considerado, junto a platón, padre de la filosofía occidental.

[13] Tomás de Aquino (1225-1274, Teólogo cristiano de la Orden de los Predicadores, canonizado en 1323. Declarado Doctor de la iglesia y santo patrón de las universidades y centros de estudios católicos.

[14] José Martí. Obras completas, t. 7, Nuestra América, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1991, p.134.

[15] Carl Smith y Hannah Arendt. Consenso y conflicto: la definición de lo político. Editorial de la Universidad de Antioquia, Colombia, 2002, p. 147.

[16] Cuba, sin castrismo, podría exportar 42 veces más | DIARIO DE CUBA

[17] Granma, miércoles 8 de enero de 2025, p.5.