Cuba se ubicó en 2022 en el puesto 173, de 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, elaborada por Reporteros sin Fronteras y que analiza las condiciones en que se ejerce el periodismo. Con la peor posición de América Latina, el país se mantiene en la categoría de «muy grave» y en puesto similar a 2021, cuando ocupó el lugar 171.

La costumbre de hablar bajo si se trata de criticar al Gobierno, de no usar en espacios públicos e institucionales palabras como «dictadura», «régimen» o «autoritarismo» para evitar un problema político y la imposibilidad de articular espacios en los que expresar posturas que disienten del discurso oficial ejemplifican cómo se ha asumido la coacción de las libertades ciudadanas en el país.

Las formas en que las estructuras del poder en Cuba controlan el discurso —entendido no solo como una acción verbal, sino como una interacción entre los ciudadanos, una práctica social o acontecimiento comunicativo— explican el alcance de una dominación que desemboca en el abuso de poder y del que los medios de comunicación oficiales han sido parte.

Además de las manifestaciones de restricción del discurso público oficial, investigaciones recientes informan sobre lo que ocurre con quienes son acosados y reprimidos desde el Gobierno. La publicación Artículo 19, en el análisis semestral de la libertad de expresión en Cuba, identificó, entre enero y junio de 2022, 125 eventos de agresión a periodistas, dirigidos a un total de 61 personas (28 mujeres y 33 hombres). Mientras las personas defensoras de derechos humanos fueron objeto de 90 agresiones a 51 personas.

Las agresiones a los periodistas incluyeron 14 tipos de ataques durante el período: los más recurrentes «fueron los arrestos domiciliarios con 45 eventos, las citaciones oficiales con 20 eventos, las supresiones del servicio de Internet con 16 eventos y las detenciones arbitrarias con 14 eventos», según reseña el estudio.

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Fuente: Libertad de expresión en Cuba: análisis semestral en cifras de enero a junio de 2022, de Artículo 19.

Estas formas del control del discurso, a través de la represión de sus emisores, dan cuenta de un sistema diseñado para coartar libertades elementales. Agentes de la Seguridad del Estado, miembros de la Policía Nacional Revolucionaria, oficiales de Inmigración y Extranjería, entre otras figuras del cuerpo represivo estatal, ejecutan acciones en contra de activistas y periodistas en detrimento de normas internacionales e inclusos de derechos reconocidos en la Constitución cubana.

Las figuras y estructuras de poder en Cuba controlan el discurso de los otros a través de cuatro elementos fundamentados por el teórico y analista Teun A. Van Dijk:

1) los periodistas no tienen la libertad y autonomía suficientes para escribir sobre determinados temas en la forma en que desean hacerlo sin recibir a cambio algún tipo de control o reprimenda por parte de las autoridades políticas;

2) existen normas legales que establecen lo que es apropiado o no decir por los ciudadanos cubanos, como el Decreto Ley 370 y el 35 y las facultades para reprimir el disenso incluidas en el nuevo Código Penal;

3) en los medios de prensa se regulan los tipos de discursos considerados «adecuados», convirtiendo el control discursivo en regla y no excepción;

4) hay un «control indirecto de las mentes», categoría usada por el teórico Van Dijk, a partir del cuestionamiento a las ideologías, normas y valores de los ciudadanos; lo que implica una regulación indirecta de la posibilidad de llevar a cabo una u otra acción. Se manifiesta, por ejemplo, en las precauciones para hablar sobre determinados temas en espacios públicos o evitar involucrarse en debates políticos.

Los parámetros se ajustan con precisión a lo que ha sucedido en Cuba en las últimas décadas. El poder no solo se ha reproducido y sostenido a través del discurso, sino que se ha atribuido, mediante dispositivos legales, políticos y estructurales, el derecho exclusivo de su aprovechamiento. El abuso de poder se ha manifestado en la represión del disenso, en la arrogación del privilegio de nombrar y categorizar personas, acontecimientos y procesos a conveniencia, desterrando del lenguaje las palabras que lo desafíen.


Fragmento del artículo “Del control al abuso de poder del discurso público en Cuba” publicado originalmente en El Toque