En 2022 se desplomó en Cuba el modelo mafioso-totalitario de Estado que estaba vigente desde hace dos décadas. El colapso energético fue el empujón letal a un sistema totalitario que habiéndose desentendido de sus anteriores mecanismos de cooptación social, acumuló una ingobernabilidad creciente. Fue el modelo totalitario de Estado mafioso el que colapsó, no el país. Tampoco colapsaron el Gobierno totalitario y el poder de la nueva oligarquía mafiosa, que todavía es renuente a iniciar reformas reales e intenta sostener el estatus quo por la fuerza.

El balance de 2022 refleja la crisis terminal de un régimen de gobernanza fallido con un Estado frágil, administrado por un Gobierno mediocre, que a su vez está dirigido por una oligarquía voraz y delincuencial.

Lo que ha colapsado es un modelo totalitario de régimen mafioso donde el poder real descansa en una oscura y minúscula elite de poder, integrada mayoritariamente por militares y exmilitares, que se han apropiado del 70% de las riquezas nacionales por medio de GAESA (un oligopolio con empresas no auditables, la mayoría registradas en Panamá), han roto todo compromiso social con la población y han entrado a formar parte, junto a Venezuela, de una empresa criminal transnacional para actividades ilícitas.

Del mismo modo que en la nueva economía política del Estado mafioso cubano el poder real de un individuo no se corresponde con su cargo burocrático o partidista, tampoco el poder de decisión sobre el rumbo nacional descansa formal o informalmente en las instituciones del antiguo Estado burocrático. El Buró Político, el Comité Central, el Consejo de Estado o la Asamblea Nacional son escenografías donde se legitiman las decisiones de los oligarcas, así como la forma de ocultar su existencia y poder.

La nueva clase oligárquica no pretende ganarse a la población con servicios y mejoras en la vida cotidiana, sino someterla. El ejercicio del poder ha dejado a un lado la cooptación de la población al estilo de los viejos estados comunistas para descansar ahora exclusivamente en su sometimiento.

Perdido el control sobre la información, y con ello el control ideológico sobre los ciudadanos, sin interés por ocuparse de sus necesidades básicas, los oligarcas confían su supervivencia en la fuerza del aparato represivo del Ministerio del Interior (MININT), los grupos paramilitares y, en especial, de la Contrainteligencia Militar que supervisa la lealtad al interior de las fuerzas armadas con la misma minuciosidad que la Santa Inquisición.

La misión de los cuerpos militares ha evolucionado hacia una nueva doctrina de seguridad nacional interna más cercana a las que ejercían las dictaduras militares argentina y chilena. El MININT es ahora, de hecho, un ejército privado para proteger el poder y los intereses de la nueva clase. La vieja doctrina de “guerra de todo el pueblo” contra un invasor extranjero, ha sido transformada en una “guerra contra todo el pueblo” que hoy protesta su creciente pobreza y abandono. El entrenamiento militar prioritario no es para derrotar una invasión de marines ni detectar teams de infiltración de la CIA, sino para aplastar rebeliones de simples ciudadanos, estén o no organizadas, que expresen sus descontento. La inversión en equipamiento prioriza a los cuerpos antimotines del MININT sobre las brigadas de la Defensa Antiaérea de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (DAAFAR). Es lógico: para enfrentar a ciudadanos desarmados no hace falta adquirir SU-57 ni tanques T-90, sino carros jaulas.

El nuevo Estado mafioso se distanció del pretendido pacto social del comunismo según el cual el Estado suprimía derechos políticos y civiles a cambio de aportar empleos, servicios y un mínimo de bienestar material. La modalidad totalitaria de Estado mafioso implantada en Cuba no se responsabiliza con el bienestar colectivo, ni libera la iniciativa privada para procurarlo en forma individual. Es un Estado mafioso totalitario que en dos décadas se demostró insostenible.

En 2022 el sistema en su conjunto finalmente ha caído en una profunda anomia. El apagón total de la Isla alumbró el problema: la vida como se había conocido hasta entonces, había terminado. En el siglo XXI la sociedad no puede funcionar con “alumbrones” esporádicos.

Al cubano de a pie no le alcanza el salario que gana en pesos cuando el costo de la vida se ha disparado; los alimentos subsidiados por la libreta de alimentos le duran diez días; el resto, al igual que las medicinas de padecimientos crónicos, tiene que adquirirlos en dólares, sea en tiendas estatales o el mercado negro; no sabe cuántas horas de electricidad podrá tener cada mes; carece de vivienda digna y servicios de salud adecuados. La cubana es una población a la que ronda el espectro de la hambruna por la incapacidad de garantizar seguridad alimentaria con un sistema fracasado de producción estatizada, sin capacidad de importación suficiente para cubrir el déficit.

Esa población no puede expresarse, protestar o demandar derechos para sí, so pena de correr el riesgo de ser apaleado y encarcelado por mucho tiempo. Cuba es un país en bancarrota que exige nuevas concesiones sin pagar nunca sus deudas; donde sus gobernantes no asumen responsabilidad por ese desastre y culpan a otros países por la situación; donde una casta pasea en BMW y Mercedes Benz y cubre sus inflados vientres con ropa de importación, mientras el pueblo va en harapos cada día a un centro laboral, sin transportación segura y sin siquiera  saber si los apagones permitirán que se labore. El tercer país en desarrollo regional, La Joya de la Corona, La Perla del Caribe, La Azucarera del Mundo, ha sido destruido. Ahora se compara con la miseria endémica de Haití.

Fragmento del artículo “¿Qué ‘se cayó’ en Cuba en 2022?” publicado originalmente en Diario de Cuba el 13 de diciembre 2022