“¡Transparencia!”: los estudiantes cubanos contra el estado mafioso

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Listado de Empresas relacionadas con GAESA

La reciente ola de protestas estudiantiles en Cuba, detonada por el aumento abusivo de las tarifas de ETECSA, ha expuesto de manera clara y contundente una verdad más profunda y sistémica: el dominio oligárquico y opaco del conglomerado empresarial GAESA sobre la economía nacional, particularmente sobre sectores estratégicos como las telecomunicaciones. Bajo el grito de “¡Transparencia!”, los estudiantes universitarios no solo han cuestionado los abusos de una empresa monopólica, sino que han puesto en entredicho el corazón del modelo económico y político cubano actual, dominado por una élite mafiosa que actúa al margen de cualquier rendición de cuentas.

La indignación popular por el llamado “tarifazo” de ETECSA no solo se explica por el impacto económico brutal sobre una ciudadanía empobrecida, sino también por las preguntas sin respuesta que este suscitó: ¿Quién controla realmente ETECSA? ¿Dónde están sus ingresos multimillonarios? ¿Por qué no rinde cuentas ni al Estado ni al pueblo? Estas preguntas no se limitan a una empresa, sino que apuntan directamente al aparato empresarial que la controla: GAESA, el conglomerado bajo control militar que maneja el 70% de la economía y el 95% de las finanzas en divisas del país.

ETECSA, lejos de ser una empresa pública estatal como proclama el discurso oficial, es en realidad una institución en manos de GAESA, el super conglomerado cuyos verdaderos propietarios y accionistas son anónimos y actúan a través de estructuras empresariales opacas como RAFIN S.A. y BFI. Este modelo reproduce una lógica de extractivismo económico: extraer recursos de la población —en este caso mediante recargas telefónicas pagadas por el exilio— y desviarlos hacia empresas hoteleras, inmobiliarias, militares y represivas sin ningún tipo de supervisión o control institucional.

Uno de los cuestionamientos más preocupantes es la forma en que los ingresos de ETECSA son utilizados. Estos sirven para subsidiar las comunicaciones de los aparatos represivos del régimen —MININT, FAR, PCC, UJC— y para financiar megaproyectos hoteleros con baja rentabilidad y escaso impacto social. En otras palabras, la ciudadanía paga tarifas desproporcionadas para sostener la represión que los vigila y expandir el imperio inmobiliario de una élite desconectada de la realidad del país.

La exigencia de transparencia, por tanto, no puede detenerse en ETECSA. Como demuestra la investigación, esta empresa es solo la punta del iceberg. CIMEX, Gaviota, FINCIMEX, ZEDM, entre otras, forman parte de una red de empresas controladas por GAESA que no solo no están sujetas a auditoría pública, sino que trasladan sus ganancias a cuentas en el exterior, principalmente en Panamá, a través de sociedades anónimas como CIMEX-Panamá. Las remesas, las recargas telefónicas y las ganancias del turismo son desviadas sistemáticamente hacia estos paraísos fiscales, dejando a la nación en bancarrota y a sus habitantes sumidos en una creciente miseria.

Las consecuencias de este régimen de gobernanza son devastadoras: colapso del sistema de salud y transporte, inflación galopante, escasez crónica de alimentos y medicinas, parálisis productiva y un éxodo masivo. Mientras tanto, GAESA ha logrado blindar sus finanzas, quedando por fuera del control de la Contraloría General de la República, del Consejo de Ministros, del Partido Comunista e incluso del Ministerio de las FAR. En Cuba, ni el estado ni el partido tienen poder sobre GAESA. En Cuba es la elite de poder que controla GAESA la que manda y los funcionarios estatales, civiles y militares, gobiernan al país siguiendo sus directrices.

Ante este escenario, la protesta estudiantil representa un parteaguas. Es la chispa de una conciencia ciudadana que comienza a identificar al verdadero enemigo: un estado mafioso que se apropia de los recursos nacionales, impone tarifas abusivas y reprime a quien se atreva a pedir explicaciones. La consigna “¡Transparencia!” es, en este contexto, una demanda revolucionaria: no solo exige saber qué hace ETECSA con sus ingresos, sino quiénes son los verdaderos dueños del país y a quién benefician sus decisiones. Lo que comenzó siendo un conflicto económico y social ha adquirido una esencia eminentemente política con esas exigencias.

Si bien el desenlace inmediato de las protestas es incierto, ya se ha producido un cambio irreversible: el velo de silencio que protegía a GAESA ha comenzado a rasgarse. Hoy los estudiantes universitarios —nietos de la revolución— están exigiendo cuentas a un poder que se proclama revolucionario y popular, pero que en la práctica se comporta como una oligarquía cleptocrática. Su ejemplo podría desencadenar acciones similares en otros sectores de la sociedad, dando paso a una presión sostenida por la rendición de cuentas de todas esas instituciones, acceso público a la información y recuperación de la soberanía nacional sobre los recursos estratégicos del país de los que se han apropiado esas empresas

Este es el momento de exigir, con firmeza y claridad, no solo la transparencia de ETECSA, sino una auditoría completa y pública de todo el entramado empresarial de GAESA. La ciudadanía tiene derecho a saber quién se enriquece con su pobreza, a dónde van a parar los miles de millones en remesas y recargas, salarios de las brigadas médicas y remesas y quién autoriza la inversión de esos fondos en hoteles que permanecen vacíos mientras los hospitales se derrumban, el país se queda sin electricidad y la hambruna avanza.