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El informe analiza tres factores que han caracterizado al sistema totalitario cubano: la aniquilación de la propiedad privada, la corrupción y el éxodo.
El autor considera que la estatización de la propiedad suprimiendo la libertad de empresa y mercado constituye el elemento clave que al final –a falta de un mecenas que financie sus deficiencias– ha conducido a la crisis multisistémica que ha empujado a más del 80% de la población a la extrema pobreza.
Estatización de la propiedad
Un breve recuento de cómo el gobierno cubano en la segunda mitad del siglo 20 se apoderó de las riquezas del país se inicia en mayo de 1959.
La Primera Ley de Reforma en Cuba confiscó extensiones agrícolas y otorgó títulos de propiedad a arrendatarios, pero el 40% de la tierra confiscada pasó a manos del Estado. En 1960, la Ley 851 expropió bienes de estadounidenses, seguida por la nacionalización de empresas bancarias. La Ley 890 de octubre de ese año expropió grandes empresas, mientras que la Ley 891 afectó a bancos privados. En diciembre de 1961, la Ley 989 confiscó bienes de los cubanos que se ausentaran del país. La Segunda Ley de Reforma Agraria en 1963 estatizó más tierras lo que expandió las tierras estatales al 70% del total. La “Ofensiva Revolucionaria” de 1968 liquidó las más de 55 mil pequeñas y medianas empresas que todavía estaban en manos de cubanos. Esta última medida demostró que el verdadero objetivo de las “nacionalizaciones” era la estatización absoluta de la economía. En 1975, mediante un falso proceso de cooperativización, gran parte de las tierras que pertenecían a pequeños agricultores, fueron convertidas en “cooperativas” estatales. De esa forma el latifundio estatal abarcó el 75% de las mejores tierras cultivables del país. Subsiguientes decretos intentaron revertir el declive económico sin éxito.
En los años cincuenta del pasado siglo, la producción nacional ubicó a Cuba en los primeros lugares en estándar de vida en América Latina. Las empresas en manos de cubanos, además de azúcar, café, tabaco y ganado, producían, calzado, textiles, pinturas, frutas, viandas, dulces, pescado, carne de cerdo, de aves, derivados de la leche y otras. Cerca del 80% de lo que se consumía se producía en el país. Hoy, como resultado del proceso descrito, Cuba produce el 20% de lo que consume, e importa el 80%. Más bien importaba, porque la escasez de divisas actualmente lo impide. En resumen, la estatización de la propiedad sobre los medios de producción y de los servicios condujo al país a la ruina.
Los resultados de la estatización pueden ejemplificarse con cuatro importantes renglones productivos tradicionales en la Isla: azúcar, ganado bovino, café y tabaco. En 2022 Cuba produjo 460 000 toneladas de azúcar: una cifra menor a la alcanzada en 1861. La otrora mayor productora de azúcar del mundo, hoy la importa.
El ganado bovino, segundo renglón en importancia en la economía cubana, en 1958 alcanzaba una proporción de una cabeza de ganado por habitante, proporción que decreció en 1967 a 0,74 per cápita. Hoy se calcula en menos de 0,32.
Los planes voluntaristas de convertir a “Cuba en la Suiza de América”, creando una nueva raza productora de abundante de carne y leche han sido un descalabro. Para garantizar un vaso de leche a los menores de siete años hubo que aceptar en silencio los donativos del Programa Mundial de Alimentos, plan que se ha mantenido por más de 20 años
En cuanto al café en Cuba, para 1830 Cuba ocupó el lugar de Haití como primera exportadora de café en el mundo. En 1960 se produjeron 60 000 toneladas. Sin embargo, en 2010 la cosecha se había reducido a la décima parte (6 000 toneladas) lo que obligó a importar el grano para cubrir parcialmente las necesidades internas.
Por otro lado, el tabaco, según las Estadísticas de TABACUBA del año 2001, en los veinte años que van de la cosecha de 1980-1981 a la de 1999-2000, descendió de 53 696 a 37 987 toneladas de hojas. Veinte años después, entre 2018 y 2020, se recolectaron algo más de 30 mil toneladas anuales. Mientras la cosecha de 2021-2022 quedó por debajo de esa cifra.
Mientras que en los primeros años de “Revolución Socialista” se llevó a cabo el proceso de la estatización de la propiedad, a partir del 2008 bajo el mandato de Raúl Castro se consolida la “privatización del poder” mediante el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) transformándose en estado comunista totalitario a un estado mafioso postcomunista. GAESA adquirió un inmenso poder económico, controlando el 70% de la economía cubana y el 95% de las finanzas del país. Este gigantesco monopolio, operando a través de empresas subordinadas y el Banco Financiero Internacional, ejerce un control prácticamente absoluto sobre todas las actividades económicas lucrativas en la isla.
Corrupción
Otro factor del totalitarismo es la corrupción, que, aunque es un mal presente en todas las sociedades y en todas las épocas, fue convertida en política de Estado por el totalitarismo cubano para someter a los funcionarios y mantenerlos fieles. Esta estrategia hizo de ese flagelo un cáncer que invadió a toda la sociedad
La corrupción en la historia de Cuba no es nueva. Lo nuevo es su presencia en todos los estratos sociales. La ola de expropiaciones —que comenzó por las grandes propiedades extranjeras y no se detuvo hasta eliminar las más pequeñas propiedades en manos de cubanos— sentó las bases para que la corrupción irrumpiera en toda la sociedad y todas las actividades.
El informe incluye una cronología de casos de corrupción que comienza en 1987 con el presidente del Instituto de Aeronáutica Civil, Luis Orlando Domínguez Muñiz —quien había ocupado el cargo de secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas y era miembro del Comité Central del Partido Comunista (PCC).
Todos los esfuerzos por controlar la corrupción han sido infructuosos. Pero el tema de la corrupción pasó a una escala superior cuando en las primeras décadas del siglo XXI el régimen comunista, al igual que sucedió en Venezuela, Rusia y otros países en el mundo, se transforma en un estado mafioso controlado por una oligarquía. Esa transición se hizo en Cuba desprendiéndose de las responsabilidades públicas y sociales del estado comunista – empleo asegurado, pensiones suficientes, salud, educación, vivienda, servicios de electricidad y agua, así como canasta familiar a precios asequibles- pero sin abandonar el modelo totalitario de control político, económico, cultural El nuevo estado mafioso-totalitario se desentendió del bienestar de los ciudadanos, pero no ha permitido que busquen por sí mismos la prosperidad. La nueva clase ya no es burocrática sino empresarial. Sus privilegios de vivienda, trasporte, vacaciones y otros ya no están asociados a sus cargos burocráticos, sino a propiedades de en sociedades anónimas y cuentas en el extranjero. Los privilegios de ciertos militares y burócratas palidecen al lado de los de la nueva oligarquía.
En ese nuevo contexto, la Contraloría de la República es una entelequia sin potestad real para inspeccionar la economía en manos del principal desfalcador de la riqueza nacional, que es la nueva oligarquía, cuyos engendros —como el conglomerado militar GAESA que no puede ser auditada— operan a espaldas no sólo de la propia contraloría, sino —lo que es peor— al margen de toda supervisión institucional y en contra de los intereses del pueblo.
La permanencia y crecimiento de la corrupción —después de décadas dictando medidas de control, formando cuerpos de inspectores, y grupos de inspectores para inspeccionar a los inspectores, de realizar infinitos juicios “ejemplarizantes”, de llamar al pueblo a combatir al pueblo, de culpar a la política de Estados Unidos de los males generados por el totalitarismo; de pronunciar discursos y realizar llamados ideológicos—, demuestra que las acciones sobre los efectos, ignorando sus causas, son incapaces de erradicar o, al menos, reducir el mal.
La solución parte de reconocer al Estado totalitario como causante principal de la corrupción generalizada, restablecer las libertades ciudadanas, descentralizar la economía, y permitir la formación de una clase productiva nacional.
Éxodo
La principal causa del éxodo es interna: este comenzó antes de las administraciones de Joe Biden, Donald Trump y Barack Obama; antes de las medidas “reformistas” implementadas por Raúl Castro en el año 2008, de la Ley de Ajuste de 1966, e incluso antes de la ruptura de las relaciones diplomáticas en 1961. De mantenerse sus causas. el éxodo continuará porque es imposible de detener sin cortar su raíz: el modelo totalitario, enemigo de la democracia y causante de la pobreza.
La causa de la emigración comenzó en 1959 con la estampida de cubanos huyendo del totalitarismo implantado que implanto la pena de muerte, las confiscaciones arbitrarias, de propiedades, largas sentencias de prisión, suprimió todas las libertades, disolvió la sociedad civil y destruyó la institucionalidad existente. La prolongada duración del éxodo, su aumento en espiral y la diversidad sociológica de los emigrados, constituyen razones suficientes para enfrentar su verdadera causa, que no es otra que el control totalitario del Estado sobre las cosas y las personas que ha impedido a los cubanos realizar sus aspiraciones dentro de las fronteras nacionales.
El final del totalitarismo
El colapso del régimen totalitario cubano es un hecho. El intento de solución a la crisis cubana mediante cambios de líderes o cualquier otro cambio cosmético es insuficiente. La experiencia del último siglo demuestra que, en Cuba, tanto por su historia como por su cultura y su estado actual, cualquier solución a la crisis actual, requiere de cambios estructurales.
Lo debatible es, en todo caso, el modo (pacífico o violento) en que inevitablemente transitará hacia otro sistema y si la sociedad que emerja después de ese cambio todavía será autocrática (aunque ya no totalitaria) o finalmente democrática. Resulta alentador que el recién surgido movimiento social por las “5 Libertades contra el Totalitarismo” focaliza en ese régimen la raíz de todos los males y propone un camino de libertades básicas para asegurar que el cambio que llegue a producirse apunte hacia una sociedad democrática, con estado de derecho y economía de mercado.
