El emprendimiento en Cuba asfixiado por GAESA

Resumen ejecutivo del Dossier No. 5 “El emprendimiento en Cuba asfixiado por GAESA”, investigación realizada con apoyo del Havana Consulting Group, el Observatorio Cubano de Auditoria Ciudadana y las contribuciones de un grupo de periodistas independientes.

¿Qué hay detrás de las MIPYMES?

Una pregunta válida es para qué crear una nueva categoría de emprendedores (MIPYMES) en lugar de consolidar a todos los negocios con licencia para el trabajo por cuenta propia (TCP) que ya existen permitiéndoles ejercer el derecho a registrar sus negocios como propiedad con personalidad jurídica, a exportar e importar de manera directa e incluso a recibir inversiones desde EEUU ya que siendo genuinamente privadas y autónomas del Estado podrían ser exceptuadas de la Ley Helms Burton.

Figura 1. Serie histórica de los trabajadores por cuenta propia, 1993-2016.

De más de 500,000 personas que tenían una licencia para trabajar por cuenta propia (TCP), el país ha perdido dos tercios de esta fuerza laboral en los últimos 4 años. Primero fue la retranca a las reformas en el 2016, esta sacó del mercado unos 80,000 cuentapropistas, posteriormente la pandemia y la tarea de Ordenamiento monetario hicieron que más de 139,000 emprendedores entregaran la licencia o cerraran sus negocios. Por último, la crisis multisistémica en la que se encuentra el país, la represión de las protestas y la ola migratoria de más de cientos de miles de personas que se desencadenó después del 11J desplazó fuera del país a otras decenas de miles de personas vinculadas el sector privado cubano. Otras decenas de miles cerraron sus negocios por la imposibilidad de poder operarlos. En este sentido hay que señalar que la ONAT en septiembre del 2021 había detectado la evasión fiscal de 338,200 emprendedores. Lo más probable es que muchas de estas personas se hayan marchado del país y otras decidieron cerrar sus negocios ante la imposibilidad de mantenerlos operativos.

Esta desbandada de los emprendedores cubanos no es casual, es el resultado del mediocre manejo de la economía y del apartheid que viven los cubanos para generar riquezas.

Figura 2. Cantidad de Nuevos Actores Económicos en Cuba: MIPYMES, CNA y PDL aprobados. Enero 2023.

Las 6,161 MIPYMES registradas a inicios del 2023 representan solo el 1% de la cifra de emprendedores que había en el 2016, incluso el radio puede ser menor porque del total de MIPYMES, 3,332 son de nueva creación y 3,310 eran TCP preexistentes. ¿Por qué entonces no elevar al rango de MIPYMES incluyendo sus privilegios, a todas las decenas de miles de cuentapropistas que quedan excluidos de recibir ese tratamiento? Muy sencillo.

Con las MIPYMES no se desea fortalecer al emprendedor privado sino crear artificialmente una clase media dependiente de GAESA y cuyos “propietarios” sean elegidos entre familiares menos afortunados de los oligarcas, represores en retiro y miembros de las brigadas paramilitares de respuesta rápida. Esta sería una clase media “emprendedora” (con el discreto capital de la oligarquía y sus empresas fantasmas) a las que los propios agentes de influencia de Cuba en los EEUU intentarían promocionar y venderle a OFAC como cuentapropistas y emprendedores privados legítimos para que les permitan realizar transacciones comerciales, financieras y crediticias con EEUU. Igual fraudulenta leyenda le venderían a la Unión Europea.

La nueva ley de MIPYMES fue diseñada para redireccionar las empresas estatales, crear una estructura empresarial en su mayoría manejada por oligarcas y personas afines al gobierno, con el objetivo de atraer la inversión extranjera y burlar el embargo norteamericano. En otras palabras, es una forma de capitalizar el país en pequeñas y medianas empresas controladas por la oligarquía que hoy detenta el poder en el país. Su desarrollo y crecimiento depende totalmente del estado, no del resultado de un movimiento de emprendedores libre y espontáneo para generar riquezas. La ley de MIPYMES no es más que el andamiaje perfecto para crear un tejido empresarial que absorba las principales empresas estatales en un futuro proceso de privatización de la economía. Dicho de una manera simple: es el marco legal que va a regular la venta de la piñata.

Mientras llega ese momento tampoco las MIPYMES podrán equiparase al trato que se dispensa al inversionista extranjero. Al cuentapropista emprendedor cubano lo asfixian y aniquilan, pero tampoco las MIPYMES serán tratadas de forma similar al capital extranjero.

Las empresas extranjeras que operan en la Zona Especial del Mariel (ZEDM) tienen 0% de impuestos sobre las utilidades por 10 años; tienen 0% de impuesto sobre las ventas o servicios durante el primer año, y posteriormente solo el 1%; tienen 0% de impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo y de contribución al desarrollo local; tienen 0% de impuesto aduanero por la importación de medios, equipos y bienes con destino al proceso inversionista. En cambio, las MIPYMES no reciben igual trato que el empresario extranjero por muy vinculada que estén al entorno gubernamental. Tienen que pagar impuestos por todos esos elementos citados además de un 35% sobre las utilidades, 20% por las exportaciones e importaciones y otros más. Por situaciones como estas es que a la pregunta de ¿qué querrás ser cuando seas grande? los niños cubanos responden “ser extranjero”.

En este escenario, la política de pretendido engagement con el pueblo cubano que la Administración Biden viene trazando tropieza con la colosal barrera de la inexistencia de un verdadero sector privado en el país.

Cuba es un mercado donde no existe la libertad empresarial, donde el mercado es controlado centralmente por una mafiocracia que controla el país en todos sus ámbitos: importación, exportación, política de precios, contratación laboral, propiedad de la tierra, puertos, aeropuertos, infraestructura de almacenamiento, servicios de telefonía fija y celular, el transporte aéreo, terrestre y marítimo, los medios de comunicación, la publicidad, los servicios de educación y salud, etc.

Bajo esta realidad pretender trazar una política de engagement con el objetivo de empoderar al pueblo cubano tratando de potenciar un sector privado que no existe, es una gran pérdida de tiempo, recursos y esfuerzos.

Para lograr un verdadero engagement con el pueblo cubano el régimen tendría que cambiar sus reglas 180 grados, de forma que una transición hacia una economía de mercado pueda fluir rápida y exitosamente. Sobre todo, por la cercanía al mercado más desarrollado del planeta y donde la diáspora cubana ha jugado un rol fundamental específicamente en el Estado de la Florida, solo a 90 millas de la isla.

Para que la diáspora pueda jugar un papel inmediato y destacado en la reconstrucción del país se tienen que crear primero en Cuba las condiciones imprescindibles para tales efectos. Visión, capital financiero y humano están listos para aventurarse cuando se den las condiciones para materializar la oportunidad. En tan solo tres o cuatro años la isla caribeña pudiera retomar el liderazgo económico en el Caribe que tuvo antes de la Revolución.

GAESA en 2016, todavía bajo la Administración Obama, lanzó la ofensiva contra los emprendedores

Fue el difunto Luis Alberto López Calleja, el CEO de GAESA, quien puso freno a las reformas y comenzó a asfixiar deliberadamente al sector emprendedor en el 2016 –antes de ganar Trump la presidencia en EEUU– dado su arrollador y vertiginoso crecimiento en varios segmentos de mercado. Su pujanza hizo disminuir considerablemente los ingresos de las empresas del monopólico holding en manos de los militares que operaban en el turismo, así como en el mercado minorista dolarizado, la gastronomía y el transporte.

En el año 2016 cuando el régimen cubano trancó las reformas económicas en Cuba había 535,000 licencias para ejercer el trabajo por cuenta Propia (TCP), es decir, más de medio millón de personas trabajaban en el sector privado de forma oficial mediante esas licencias. Pero a partir de entonces comenzó el decrecimiento del sector emprendedor.

Fue descomunal el crecimiento que tuvo el sector privado en tan solo 7 años: la capacidad de hospedaje creció en 7 años 268% frente al pobre crecimiento del 3% del sector estatal. El sector privado contaba en 2016 unas 59,612 habitaciones. Mientras tanto, en manos de las cadenas hoteleras administradas por el estado, incluidas las de GAESA, tenía una capacidad de 66,973 habitaciones. El CEO de GAESA comprendió que la situación se estaba yendo fuera de control y de forma acelerada, por lo que había que parar tajantemente este movimiento de emprendimiento ciudadano.

Figura 3. Sector turismo. Comparación del número de habitaciones del Sector estatal vs. Sector privado, 2010-2016

Por otro lado, en igual período de tiempo el sector privado cubano que opera el sector de la gastronomía creció en un descomunal 427%, mientras que en el sector estatal se produjo una contracción de 38.54%. En septiembre del 2016 había registradas 57,678 licencias activas para ejercer la actividad de elaboración y venta de alimentos en sus diversas modalidades. Cabe destacar que 1,712 eran restaurantes (paladares) y 7,909 eran cafeterías, para un total de 9,612 unidades.

Figura 4. Sector Gastronomía. Comparación del número de unidades gastronómicas del Sector estatal vs. Sector privado, 2010-2016.

En el 2016 el sector estatal disponía de 3,295 taxis, y 7,840 ómnibus para dar cobertura a la demanda del transporte de pasajeros de la isla. Además, tenía en su nómina unos 8,500 automóviles para la renta al turismo, cifra insuficiente para la alta demanda que tenía el mercado. En el caso de los taxis hay que destacar el crecimiento de 123% que tuvo el sector privado en el período 2010-2016, superior al 25.2% del sector estatal. En el 2016 el número de taxis del sector privado (14,034) superaba 3.4 veces al de las empresas estatales (4,125).

Figura 5. Sector Transporte. Comparación del número de unidades del Sector estatal vs. Sector privado, 2010-2016

Ya para el 2017, alrededor de 48,000 cubanos viajaron al exterior como promedio 11.5 veces al año para realizar compras, lo cual mostraba una actividad comercial con una alta dinámica y una rápida rotación de mercancía. Sin duda alguna, la mercancía que se vendía tenía alta demanda y muy buena aceptación en el mercado. Para los departamentos comerciales de las grandes cadenas de tiendas cubanas que operaban en el mercado dolarizado (95% de ellas pertenecen a GAESA), que cuentan cada una con un equipo de trabajo de quizás 10 especialistas encargados de realizar compras en el exterior, era imposible competir con un ejército de más de 48,000 compradores especializados en diferentes nichos de productos y que cubrían una buena parte de la demanda de todo el país con su estable oferta de productos que superaban en calidad, variedad y precios a los que ofrecía GAESA en sus cadenas minoristas con miles de tiendas ubicadas a lo largo del país.

Esta realidad se reflejaba en la creación de un mercado que generaba como promedio anual unos 3,000 millones de dólares en el año 2016.

Figura 6. Estimación de la facturación generada por el sector privado en las 7 modalidades más lucrativas, 2016

 

Bajo este panorama que dibujaba un imparable y rápido crecimiento y expansión de los emprendedores en la isla en diversos sectores de la economía, a partir de la inversión en nuevos negocios teniendo como fuente de financiamiento sus propias ganancias, el régimen cubano paró en seco las reformas. A partir del 2016 no se emitieron más licencias para ejercer el trabajo por cuenta propia, también se detuvo la creación de nuevas CNA, eliminándose incluso varias de ellas y limitando el radio de acción a las que quedaban.

A comienzos del 2017 la Asamblea Nacional con la justificación de que no querían permitir la concentración de riquezas, disminuyó el número de modalidades para ejercer el trabajo por cuenta propia permitidas, de 201 bajaron a 122. Algunas categorías se eliminaron y otras se agruparon en una sola.  Esta brusca bajada en el número de modalidades permitidas significó un descenso de 39.3%.

En el caso de las Cooperativas No Agropecuarias (CNA), las nuevas medidas establecían nuevas restricciones que limitaban el alcance de sus operaciones a solo sus provincias de origen. Por otra parte, la distribución de los ingresos entre los socios de CNAs se reguló para que no existiera una gran brecha salarial entre ellos y los trabajadores asociados a la cooperativa. Las nuevas reglas establecían que el salario máximo no podía exceder en más de tres veces al salario mínimo. Por último, las nuevas regulaciones establecían que ningún individuo podrá ser socio de más de una cooperativa o tener más de una licencia para ejercer el “trabajo por cuenta propia”.

En el 2018 el régimen apretó aún más las tuercas al sector no estatal, imponiendo nuevas barreras a partir de la implementación de nuevas normas jurídicas, no ya para parar evitar su expansión y desarrollo, sino para atentar contra su propia supervivencia en el mercado.  Para entonces había 80,000 emprendedores que habían entregado las licencias de TCP.

 Bajo este escenario irrumpe el COVID-19 en marzo del 2020 poniéndole una lápida sobre la economía del país. La cuarentena implementada en el país cerró los aeropuertos y el turismo se desplomó 77.68% en comparación con el 2019. El impacto en el sector privado fue fuerte: unos 139,000 emprendedores entregaron sus licencias o cerraron sus negocios temporalmente debido a la pandemia y a las barreras gubernamentales que impedían su expansión y el desarrollo, esto significó una reducción del 35%.

En agosto del 2020 el régimen cubano anuncia la autorización de importación y exportación a las formas de gestión no estatal (personas naturales y jurídicas cubanas que realizan actividad comercial y de servicios legalmente autorizada y que no pertenecen al sector estatal de la economía ni constituyen modalidades de inversión extranjera), léase trabajadores por cuenta propia y Cooperativas No Agropecuarias (CNA).

La draconiana fórmula para importar y exportar productos establecida por las nuevas reglas era la definitiva estatización de la propia forma de producción no estatal. Era un proceso que claramente privaba de toda autonomía a cualquier emprendedor o forma de gestión no estatal que pretendiera importar y exportar productos y servicios.

Bajo esta mágica fórmula todo el dinero que se descontara de las operaciones de importación y exportación (20% del valor de la importación o la exportación) irían a parar nada más y nada menos que al Banco Financiero Internacional (BFI S.A) el banco de GAE S.A, el banco de los militares. 

Por todo lo dicho anteriormente, si la oposición cubana ha prevenido acerca de la posibilidad de lo que llaman el “Cambio Fraude”, las MIPYMES son la “Apertura Fraude” para obtener concesiones de EEUU y la Unión Europea.

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