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La seguridad sanitaria de un país es la suma de varios factores entre los que destacan el estado y accesibilidad universal a los servicios médicos (infraestructura, equipos y personal médico y profesional del sistema de salud), la accesibilidad universal a fármacos eficientes y la cobertura y eficacia de los servicios públicos de salubridad (alcantarillas, tratamiento de aguas negras, acceso a agua potable, eliminación de vectores propagadores de enfermedades, recogida de basura y deshechos, entre otros). En todos esos renglones la seguridad sanitaria en Cuba está en caída libre.
Este informe además de abordar aspectos de la seguridad sanitaria, tales como la escasez de fármacos, expone los métodos utilizados por GAESA para apropiarse de los salarios de los médicos cubanos en las llamadas “misiones internacionalistas” y el monto total no solo afecta a los médicos sino a la nación.
La oligarquía cubana por medio de su holding GAESA no solo se apropió arbitrariamente de esos inmensos recursos —no menos de 69.8 mil millones de dólares ($69,866,399,679) en poco más de una década—, pertenecientes a los salarios de los médicos en las brigadas internacionales, sino que al no reinvertirlos en el sistema de salud pública como había anunciado el gobierno, también privó a la nación del derecho a disfrutar de una seguridad sanitaria integral de calidad. Eso es lo que demuestra esta investigación.
La crisis de medicinas
La magnitud del problema se evidencia a través de un análisis de los reportes mensuales de medicamentos en falta emitidos por BioCubaFarma, entidad encargada de aportar el 60.5 % del Cuadro Básico de Medicamentos de Cuba (CBMC), que en 2023 está comprendido por 633 fármacos, 383 de ellos producidos por la empresa mencionada, 244 importados por el Ministerio de Salud Pública y 6 fabricados por la Industria Alimentaria.
De acuerdo al material, disponible hasta el momento desde enero hasta agosto, en el primer mes del año, por ejemplo, faltaron 161 productos —el 42 % de lo que le corresponde aportar y el 25.4 % del total—, de los cuales 24 son expedidos por tarjeta de control (el popularmente llamado tarjetón) y 80 clasificados como de Prioridad I, donde están los relacionados a los programas de onco-hematología, materno-infantil, atención al paciente grave, tratamiento a los enfermos con VIH, y otros de uso ambulatorio (Figura 1).
Como muestra el gráfico anterior, la tendencia se ha mantenido más o menos estable a lo largo del año, con un pico de 189 faltantes en abril. Es destacable que los productos que más se ausentan son los comprendidos en las categorías de mayor importancia, o sea, los que se dispensan a través de tarjetas de control y los del grupo de Prioridad I. Causas recurrentes de tal situación según BioCubaFarma fueron la “No disponibilidad de materias primas, producto terminado y materiales” y “Rotura de equipamiento tecnológico”.
Si se contrastan los valores de 2020 respecto al mismo rango temporal disponible en 2023 —enero – agosto—, el resultado arroja que, como promedio, se han duplicado los faltantes (Figura 2).
Según el Anuario Estadístico de Salud, publicado por el MINSAP, en 2022 la primera y tercera causas de muerte en Cuba fueron las enfermedades del corazón y las cerebrovasculares. Algunos de los medicamentos utilizados para combatir dolencias relacionadas han faltado a lo largo de 2023.
Es el caso del captopril de 25 mg —empleado para tratar la hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, post-infarto agudo del miocardio, y nefropatía diabética—, ha estado ausente de gran parte de las provincias, por lo que el precio de treinta tabletas llega a los 500.00 CUP en el mercado negro.
En el tratamiento de dolencias asociadas a afectaciones nerviosas, la ausencia de medicamentos ha generado casos de violencia y comisión de suicidios, considerados hoy la décima causa de muerte en el país.
La amitriptilina de 25 mg (diez tabletas X 0.40 CUP) se utiliza en pacientes con depresión mental, enfermedad maniacodepresiva, psicosis depresiva, síndrome depresivo mayor, alteraciones del apetito asociadas a depresión, dolor neurogénico severo y en el tratamiento de la anorexia o bulimia, entre otros padecimientos. Los médicos recomiendan una dosis de mantenimiento de 50 a 100 mg diarios durante tres meses. En el mercado negro, diez tabletas pueden ascender a 400.00 CUP.
Una pensión de jubilado no excede 1,528 CUP al mes. El salario mínimo es de 2,100 CUP mensuales. A un trabajador con un salario medio de 3,800.00 CUP —14 euros/dólares o 16 MLC—, mantener un tratamiento de 75 mg diarios, tres pastillas, durante tres meses, le costaría alrededor de 10 800.00 CUP, es decir, 3,600.00 cada mes.
Durante el mes de septiembre 2023, miembros del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana realizaron un estudio de campo con visitas a farmacias en 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Se recopiló información sobre la falta de medicamentos que son expedidos por tarjeta de control (tarjetón) por tratarse de medicinas para condiciones crónicas y los de primera prioridad.
En todas las provincias se detectaron falta de medicamentos como analgésicos, antibióticos, antihipertensivos, antiparasitarios, antiinflamatorios, ansiolíticos y antidepresivos. En las farmacias visitadas en Guantánamo y Camagüey no había medicamentos pediátricos. Las farmacias visitadas en Ciego de Ávila fueron las más abastecidas de todo el país, aunque tenían un déficit de un 30 % de los medicamentos básicos.
La escasez se extiende a insumos hospitalarios y de laboratorio
La escasez no solo afecta a los medicamentos mencionados, sino también a los insumos hospitalarios y de laboratorio. Esto ha hecho crecer un lucrativo mercado informal en el cual, por ejemplo, una cánula intravenosa o un catéter, cuesta 300.00 CUP cada uno. Ante la falta de medios para trabajar, los profesionales de la salud han debido pedir a sus pacientes que busquen lo necesario para ser atendidos, sobre todo en procederes quirúrgicos.
Un cirujano entrevistado para la realización de este informe aseguró: “Es frecuente que tenga que darle una lista de lo que me hace falta a mi paciente o a sus familiares. En el hospital muchas veces solo cuento con el quirófano y mi propia preparación para operar. Por eso tantos se han ido”.
Según la investigación publicada en Cambridge University Press en 2021 por los economistas Carmelo Mesa lago y Sergio Diaz Briquets, del año 2007 al 2018 los hospitales decrecieron en un 32% (todos los rurales fueron cerrados a partir de 2011) los policlínicos en un 9%, mientras que todos los puestos médicos rurales y urbanos cerraron a partir de 2010.
Según el Anuario Estadístico de la ONEI, el país pasó de tener un total de 312,406 empleados como personal facultativo en 2021, a 281,098 en 2022, 31,308 menos. Esa categoría incluye técnicos superiores, medios y básicos, tecnólogos y otros licenciados de la Salud.
Las razones de esta crisis son internas, no externas
Es bueno reiterarlo. Lo sucedido con el sistema de salud pública y, en particular, con la producción de medicamentos en Cuba, es reflejo de una política de negligencia consciente y deliberada de las responsabilidades sociales del Estado en ese campo. Este abandono se ha alargado en el tiempo y atenta contra la seguridad sanitaria por la contracción de la inversión, tanto en dicho sector como en el de ciencia e innovación tecnológica. En contraste, se ha priorizado el gasto en “Servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler”, vinculado con la construcción de instalaciones turísticas. La Figura 5 muestra el desbalance.
GAESA saqueó 69.8 mil millones de dólares a la Salud Pública
Contrario a la creencia que sostiene la Relatora Especial de Naciones Unidas “para el impacto de las sanciones unilaterales en los derechos humanos” con datos y perspectivas alimentadas por funcionarios cubanos como el director de BioCubaFarma, el declive del sistema de salud cubano no responde a las sanciones externas contra el gobierno de la isla.
Las condiciones actuales de vida en Cuba son el resultado del régimen de gobernanza sostenido de forma deliberada y consciente por una élite de poder que siendo menos del 1% de la población condena a la inmensa mayoría a vivir en condiciones de creciente miseria. Pero en lo referido específicamente a las causas que provocan la afectación de los servicios de salud en Cuba hay que buscarlas en el saqueo ejercido de los recursos generados por las brigadas médicas internacionales, sobre el supuesto de que serían invertidos en el sistema de salud nacional.
Según el Anuario Estadístico de Salud y la prensa local, entre 2015 y 2018, la isla llegó a desplegar a más de 50,000 cooperantes (la mitad de ellos, médicos), en 68 países. Al iniciar el año 2023, unos 23,792 colaboradores cubanos del sector de la Salud prestan servicios en 56 países.
La mayoría de los contratos de exportación de servicios médicos cubanos que involucran al personal médico y paramédico corren a cargo de la empresa Comercializadora de Servicios Médicos, S.A perteneciente al Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP). Hay otra entidad llamada ANTEX S.A bajo la estructura de GAESA y que pertenece al MINFAR que también gestiona contratos del personal médico en el exterior.
A continuación, mostramos el esquema financiero que muestra el saqueo de los recursos generados por los médicos brigadistas. Ver Figura 7.
Todo el dinero adquirido a través de los contratos gestionados por ambas entidades es transferido por estas al Banco Financiero Internacional (BFI S.A), una entidad bancaria que pertenece a GAESA. Cabe destacar que GAESA no es auditable por la Contraloría General de la República ni por otra institución económica o política de Cuba, ni siquiera por las Fuerzas Armadas a las que nominalmente aparece adscrita.
El valor del monto total de las confiscaciones salariales al personal en las brigadas se ha estimado en solo un 70% pese a que es notorio que en muchos casos ha llegado a ser 90% según el país que las albergaba. En este sentido, en el período 2008-2022, según cálculos realizados por Havana Consulting Group, GAESA se ha embolsado no menos de 69.8 mil millones de dólares de los 108.5 mil millones que ha recaudado de los salarios de los médicos “cooperantes”. Ver Figura 8.
Este colosal volumen de capital fue a parar a manos de GAESA por medio del Banco Financiero Internacional (BFI), nunca retornó a la reconstrucción de hospitales, adquisición de equipos e insumos médicos o a mejorar las condiciones de atención a los pacientes o salarios y condiciones de trabajo de los que laboran en ese sector.
Es notable que en el período analizado el gobierno cubano, según las cifras publicadas por la ONEI, solo invirtió un total de 1.7 mil millones de dólares en el sector de salud pública, lo cual representa el 1.61% de lo ganado por el personal médico cubano contratado en el exterior durante todo ese tiempo. En contraste, el régimen cubano invirtió unos 24.2 mil millones de dólares en la construcción de nuevos hoteles en el mencionado período de tiempo. Es decir, en los últimos 13 años, se invirtió 13 veces más en la construcción de nuevos hoteles que en el sector de la salud.
Estas cifras abren otra interrogante. Si gastaron en construcción de hoteles 24.2 mil millones, en salud 1. 7 mil millones (un total de 25.9 mil millones en esos dos gastos) y a los médicos le pagaron 30.7 mil millones queda un “excedente” nada despreciable de 43.8 mil millones. ¿Cuál fue el destino de este “excedente”? ¿Es de ahí de donde ha salido el capital semilla de las MIPYMES enchufadas y los lujos de las familias oligárquicas? OCAC no puede responder a esas preguntas en este informe, solo muestra la evidencia del saqueo de GAESA que se demuestra con las cifras oficiales.
Juramento de Hipócrates vs Obediencia Debida: las sanciones contra 6 médicos
Las causas antes citadas crean situaciones existenciales límites que desafían la ética de los galenos. Si sacrifican su bienestar personal para continuar atendiendo pacientes en esas condiciones adversas cumplen con su juramento de Hipócrates, pero ponen en alto riesgo las vidas que intentan salvar. Sus conocimientos y pericia personal no podrán sobreponerse a la falta de equipos, insumos, fármacos e incluso deficientes condiciones de esterilidad de las salas quirúrgicas. Si renuncian a la práctica médica salvaran su conciencia y responsabilidad por cualquier deceso, pero dejarían desamparada a la población que juraron asistir. Pero al mismo tiempo, obedecer disciplinadamente la rutina de la atención al público en esas circunstancias puede crear situaciones en que sean ellos mismos los que faciliten una tragedia en sus pacientes. Esa es la encrucijada que hoy enfrentan 6 médicos del hospital de Bayamo que no pudieron salvar la vida de un paciente al aceptar el reto de intervenirlo quirúrgicamente en esas circunstancias.
En este caso la madre del paciente trabaja para la Fiscalía y llevó a tribunales a los galenos, no a las autoridades provinciales y nacionales del sistema de salud. Sin embargo, son estas las que han aceptado cumplir la orden del gobierno central de obligar a los galenos a ofrecer servicios sin los medios necesarios.
La salud pública en Cuba no es gratis, cuesta vidas. GAESA y todos los involucrados en este saqueo deben responder por el derrumbe del sistema de seguridad sanitaria del país.
Conclusiones
- La seguridad sanitaria del pueblo cubano no es víctima de las sanciones económicas externas, sino de la rapacidad de una nueva oligarquía que entre 2009 y 2022 se ha apropiado como mínimo 69.8 mil millones de dólares de los salarios de los médicos en las brigadas internacionales que nunca fueron invertidos en el sistema de salud nacional como habían prometido. No solo robaron a los médicos; robaron a la nación. Por una parte, se apoderaron del salario de los médicos cubanos. Por la otra, robaron al sistema de salud pública cuya destrucción facilitó la oligarquía de GAESA al apropiarse de esos recursos. En este atropello las víctimas no fueron solo los médicos, sino todos los ciudadanos. Los victimarios no han sido solo los funcionarios de salud pública, sino los miembros de la nueva oligarquía vinculada a GAESA.
- La seguridad sanitaria, componente estratégico de la Seguridad Ciudadana está en franco declive. Según cifras oficiales, en Cuba el número de hospitales decreció entre 2007 y 2018 un 32% El país pasó de tener un total de 312,406 empleados como personal facultativo en 2021 a los 281,098 de 2022. El personal de salud descendió en 31,308 menos en solo 12 meses (2021-2022). Esa categoría incluye técnicos superiores, medios y básicos, tecnólogos y otros licenciados de la Salud. La falta de medicamentos básicos se ha duplicado este año con relación al año 2020. De 84 medicamentos faltantes en 2020, en 2023 la cifra llegó a 172.
- La adquisición de medicamentos faltantes en el mercado negro, más allá de los peligros que conlleva con falsificaciones, tienen unos precios inaccesibles para muchos cubanos. Un tratamiento mensual para enfermedades crónicas que solo pueda adquirirse en el mercado negro puede equivaler a más del 200% de la pensión mínima. Por ejemplo, Enapranil, para la presión arterial elevada y Amitriptilina para la depresión pueden llegar a costar 3,600 CUP que representa el 236 % de la pensión mínima de 1,528 CUP.
- El estado cubano se ha desentendido paulatinamente de su responsabilidad de facilitar acceso universal a la población a servicios de salud de calidad y a un conjunto básico de fármacos. La oligarquía hoy ensaya mecanismos de atención medica por medio de las nuevas MIPYMES con lo cual el Estado se distancia más de su responsabilidad.
- La seguridad sanitaria tiene hoy dos estamentos: los que tienen familiares en la diáspora o acceso a dólares y los que dependen de ingresos en moneda nacional. Sin dólares no es posible pagar en el mercado negro los precios de los insumos sanitarios para tratamientos en hospitales y de los fármacos para uso doméstico.
- La crisis de la seguridad sanitaria ciudadana es otro resultado de la transformación estructural de la economía política del país que se ha desentendido de los anteriores compromisos sociales del estado comunista. Eso es lo que demuestran las estadísticas.
- La dura realidad es que la seguridad sanitaria no forma parte de las prioridades del nuevo estado oligárquico cubano. Tal y como ocurre en el área de la seguridad alimentaria, las inversiones en el sector de la salud pública no están dictadas con el propósito de cubrir las necesidades de la sociedad, sino por los índices de ganancia que puedan obtenerse en comparación con otros sectores. Por eso no dudan en exportar personal médico a los que se les expropia entre el 70 al 90% de sus salarios que termina depositados en el Banco Financiero Internacional bajo control de GAESA. Los dólares que generan los así tratados como esclavos de bata blanca en el exterior son para la nueva oligarquía, no para proteger la seguridad sanitaria de la Nación.
- La actual inseguridad sanitaria de la población es resultado de decisiones deliberadas que emanan de la oligarquía cubana que controla GAESA y al propio gobierno de Díaz Canel. No puede ser justificada a partir de factores externos como las sanciones estadounidenses o fortuitos como una pandemia.
Recomendaciones
RECOMENDACIONES AL ESTADO CUBANO
- GAESA (incluido el Banco Financiero Internacional bajo su control), el Ministerio de Salud Pública y las empresas encargadas de la exportación de servicios médicos deben abrir sus libros a escrutinio fiscal y público, así como proceder al inmediato reintegro al sistema de seguridad sanitario nacional los 69.8 mil millones que han expropiado a los salarios de los médicos en las brigadas internacionales.
- El Estado cubano —sus instituciones de Fiscalía y de Contraloría General de la República— deben exigir que cese de inmediato esta forma de extorsión y robo de salarios al personal médico o cualquier otro en el exterior y establecer los mecanismos para el reintegro, en este caso, de los recursos robados hasta el presente al sistema sanitario nacional.
RECOMENDACIÓN A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CUBANA
- Continuar las investigaciones que desarrollan distintas organizaciones de la sociedad civil sobre el robo a los recursos salariales de un sector de trabajadores del país y al sistema de salud nacional; así como mantener informadas sobre sus hallazgos a la población, los gobiernos extranjeros, los mecanismos internacionales pertinentes de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y a la opinión pública internacional en general.
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