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Informe de Inseguridad Pública. Enero – Junio 2025
Criminalidad en Cuba: récord histórico y negligencia estatal
El pasado 31 de julio, durante una reunión del Grupo para la Prevención y Enfrentamiento al Delito, en la que se evaluó el comportamiento de los indicadores vinculados a la criminalidad en el semestre comprendido entre enero y junio de 2025, el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, afirmó que «la tendencia es a la baja, pero los indicadores siguen siendo elevados».
El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) documentó 1,319 delitos verificados entre enero y junio de 2025, casi cinco veces más que en igual periodo en 2023 y más que en todo 2024. Esto significa un promedio de 7,3 delitos diarios, evidenciando una escalada delictiva sin precedentes y una diversificación de tipologías criminales.
Principales hallazgos
- Robos: 721 casos (incluyendo 193 de hurto y sacrificio de ganado), confirmando la relación directa entre la crisis alimentaria y la criminalidad. Representa el delito de mayor incidencia en el período y un promedio de cuatro casos diarios.
- Asesinatos: 63, con víctimas que incluyen mujeres, menores y ancianos; 16 de ellos feminicidios.
- Asaltos y agresiones: 99 casos, con alta incidencia en La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba.
- Tráfico de Drogas: 198 reportes, categoría incluida por primera vez en nuestros informes de investigación, con más de la mitad concentrados en La Habana. Por primera vez desde que el OCAC realiza su monitoreo sistemático de reportes, los delitos vinculados al tráfico, distribución o consumo de drogas se presentan como una categoría independiente. La decisión obedece al notable incremento de estos reportes.
- Otros delitos: 238, entre vandalismo, portación ilegal de armas y contrabando.
En total, 1,588 personas participaron en estos crímenes. El 90% de los perpetradores eran hombres, mientras que las víctimas abarcan a hombres, mujeres, menores y ancianos, lo que refleja un impacto transversal.
Factores de riesgo
- Creciente disponibilidad de armas de fuego: al menos 35 casos documentados en el semestre.
- Expansión del narcotráfico: fenómeno emergente con tendencia acelerada a consolidarse en redes urbanas.
- Delitos contra la propiedad y el ganado: impulsados por la escasez de alimentos y el colapso económico.
Conclusiones
Un aspecto central para comprender este panorama es la desconexión entre las prioridades del Ministerio del Interior (MININT) y la realidad criminal del país. Lejos de colocar en primer plano el enfrentamiento al delito común, el MININT concentra sus recursos en la represión de la disidencia política y la vigilancia de la ciudadanía crítica, relegando la seguridad pública a un segundo plano. Esta orientación explica por qué la criminalidad crece y se diversifica, a pesar de la abundante propaganda oficial sobre supuestas «ofensivas contra el delito».
Esta subordinación del aparato de seguridad al control político y a los intereses económicos de GAESA convierte al MININT en instrumento de una élite mafiosa, más que en garante de la tranquilidad pública. La reciente filtración de cuentas millonarias de GAESA en paraísos fiscales ilustra cómo la élite gobernante preserva sus privilegios mientras desatiende las necesidades básicas de la población y mantiene a las fuerzas de policiales y de seguridad como su brazo represivo.
En consecuencia, el creciente deterioro de la seguridad pública es también el resultado de esta lógica, pues mientras se destinan armas, inteligencia y personal a controlar protestas y a sofocar la disidencia, la delincuencia común se expande sin freno. El contraste es marcado: un Estado represor frente a la oposición, pero ausente frente al crimen, con la ciudadanía atrapada en medio de una doble inseguridad —la del delincuente y la del propio aparato represivo.
En conjunto, los datos desmienten las declaraciones oficiales sobre una supuesta reducción del crimen presentados por el primer ministro Marrero y dibujan un panorama de creciente inseguridad ciudadana, marcado por la diversificación de tipologías, el aumento de la violencia armada y la profundización de factores socioeconómicos que alimentan la actividad delictiva, todo ello agravado por un estado mafioso que sigue priorizando la represión política para su propia seguridad sobre la seguridad del pueblo.
