En 2020, mientras el país entraba en una nueva espiral de crisis, la Liga de Campesinos Independientes y FLAMUR alzaron la voz con una campaña tan sencilla como potente: “Sin campo no hay país”. Sus demandas eran claras: libertad para producir, fijar precios, importar y exportar, exoneración de impuestos por diez años y títulos de propiedad permanentes para los productores.

Cinco medidas que no requerían ayuda externa, ni inversiones extranjeras, ni reformas constitucionales. Solo voluntad política. ¿Qué habría pasado si el gobierno cubano las hubiera escuchado?

En 2025, en lugar de una economía agrícola semifeudal y saqueada por empresas estatales ineficientes o por los tentáculos de GAESA, Cuba podría estar exportando mango, guayaba, plátano,  café orgánico y vegetales tropicales. Estados Unidos, con su marco legal que no prohíbe el comercio con campesinos independientes cubanos, habría sido un socio clave.

La Cuba real vs. la Cuba posible

Hoy, cinco años después, la Cuba real es un país donde el hambre ha dejado de ser rumor y se ha convertido en rutina. La escasez de alimentos es estructural, la inflación devora salarios antes de que se cobren, y el campo se muere sin herramientas, sin combustible y sin esperanza. Pero en una Cuba alternativa —posible, no utópica— estas cinco medidas habrían sido el principio del fin del hambre.

Producción libre, mercados vivos

Si desde 2020 los campesinos hubieran podido producir sin cuotas ni restricciones, y distribuir directamente sus cosechas, el agro cubano habría experimentado una revolución silenciosa. Hoy Cuba probablemente contaría con mercados agrícolas prósperos, cadenas cortas de suministro entre productores y consumidores, y un descenso radical en el desvío de productos y el mercado negro.

Miles de cooperativas reales y fincas familiares podrían haber florecido, generando empleos rurales, fortaleciendo las economías locales y reduciendo la migración del campo a las ciudades. La comida estaría más cerca, más variada y más accesible.

Precios reales, alimentos accesibles

La libertad para fijar precios habría devuelto a los campesinos el control sobre su esfuerzo. En lugar de entregar sus cosechas a precios fijados por el Estado —por debajo del costo de producción—, los agricultores hubieran podido reinvertir sus ganancias en fertilizantes, tecnología, riego y maquinaria.

Hoy, lejos de los mercados racionados y desabastecidos, existiría una competencia entre productores, lo que habría reducido precios al consumidor y elevado la calidad. En lugar de precios prohibitivos o anaqueles vacíos, los cubanos podrían haber elegido entre una variedad de productos, desde viandas frescas hasta frutas tropicales, todo producido en suelo nacional.

Comercio directo, campo moderno

La posibilidad de importar y exportar directamente, incluso desde EE. UU., habría situado al campesinado cubano en el mapa comercial del Caribe. Muchos habrían accedido a semillas de calidad, equipos agrícolas y alimentos para animales a menor costo y sin intermediarios parasitarios.

Cuba estaría exportando plátano, mango o vegetales orgánicos sin pasar por GAESA ni “empresas de maletín”.

Sin impuestos, con inversión rural

Si se hubieran eliminado los impuestos durante diez años a productores y procesadores de alimentos, esos recursos no habrían sido drenados por un Estado que, como ha documentado ampliamente Cuba Siglo 21, invierte cuatro veces más en construir hoteles vacíos que en salud, educación o agricultura.

Con esa exoneración, los agricultores podrían haber invertido en refrigeración, transporte, envases biodegradables y tecnología de procesamiento. Esto habría permitido la industrialización del agro, reduciendo la dependencia de alimentos importados, que hoy representan más del 80% del consumo nacional.

Tierra con dueño, campo con futuro

La entrega de títulos de propiedad permanente habría cambiado radicalmente la psicología del campesinado. Hoy, quienes producen lo hacen bajo concesiones revocables, sin garantía ni seguridad jurídica. Con títulos reales, los agricultores habrían accedido a créditos, seguros, asociaciones y mercados internacionales con otra posición.

Ese “bloqueo interno” que denuncian los campesinos habría comenzado a derrumbarse, generando una cultura de productividad, pertenencia y dignidad rural que hoy es inexistente.

Con títulos de propiedad permanentes, los agricultores podrían asociarse y planificar a largo plazo. Hoy, el miedo a perder la tierra impide sembrar futuro.

Una decisión política… y sus consecuencias

El régimen eligió lo contrario: controlar, gravar y empobrecer. Hoy, mientras se construyen hoteles y se subsidian aparatos represivos, el pueblo pasa hambre. ETECSA exprime, GAESA se enriquece y el campo se vacía.

Sin libertad en el campo, no habrá comida en la mesa del cubano.

¿Dónde estaría Cuba hoy?

Si estas cinco demandas se hubieran implementado en 2020:

  • No estaríamos hablando de una “hambruna silenciosa” ni de colas interminables frente a bodegas vacías.
  • El peso cubano no estaría en una caída libre, presionado por la escasez de alimentos básicos.
  • El campesinado sería una clase media rural pujante y no un sector asfixiado y perseguido.
  • Y lo más importante: la soberanía alimentaria no sería un ideal inalcanzable, sino una realidad construida desde abajo, por quienes conocen la tierra y saben cómo hacerla producir.

En cambio, el modelo actual —controlado por GAESA, que subsidia hoteles y aparatos represivos mientras exprime al país productivo— ha condenado al campo a la esterilidad y a la nación al hambre.

Las cinco demandas campesinas de 2020 no eran utopía: eran sentido común económico. Cuba aún tiene la oportunidad de corregir el rumbo. Pero cada año que se posterga la libertad del campo, más profundo es el abismo del hambre.