La oficina del senador Bob Menéndez ha recibido en días recientes una carta de economistas que aseguran que su posición en el Congreso respecto a los regímenes de Cuba y Venezuela representan una crueldad tal hacia la población de esos países que la obliga a migrar hacia Estados Unidos.
Tanto Emilio Morales –vicepresidente de Cuba Siglo 21 y presidente The Havana Consulting Group– como el autor de estas líneas –en mi condición de académico y presidente de Cuba Siglo 21–, consideramos un deber ético e intelectual dar respuesta a sus alegaciones.
Repasemos puntos claves.
Curiosamente la carta acusa a las sanciones estadounidenses contra esos regímenes de provocar la ola migratoria hacia Estados Unidos. Sin embargo, no se refiere a los tres que reciben cuantiosas ayudas, inversión y comercio de Estados Unidos y no obstante son las principales fuentes de emigrados desde 2020 hasta hoy: México (2,323,278), Honduras (690,888) y Guatemala (683,031). Cuba y Venezuela apenas contribuyeron respectivamente el 5.81% y 5.57% del total de migrantes en ese periodo.
Al parecer, estamos una vez más ante la ligereza intelectual de académicos que confunden regímenes mafiosos con gobiernos revolucionarios de izquierda y creen estar defendiendo la causa del pueblo, cuál moderno Quijote. Son “buenistas”, siempre propensos a predicar desde algún púlpito la solución de graves y complejos problemas a partir de fórmulas “simples de sentido común” que desconocen la realidad misma. En este caso, malgastan cualquier prestigio eventualmente asociado a sus nombres en la exigencia de levantar las sanciones a las elites de poder de dos estados mafiosos: Cuba y Venezuela.
¿Sabían estos académicos que de los cientos de miles de cubanos que salieron a protestar el 11 de julio de 2021 ninguno –ni uno solo en las 15 provincias de Cuba– portaba un cartel contra las sanciones de Estados Unidos? Lo que exigían a gritos era “Libertad”; o sea, ser liberados del bloqueo interno al ejercicio de sus derechos y libertades por el régimen totalitario de gobernanza vigente. Poder ejercer el derecho y tener la libertad de buscar la felicidad en su país. He ahí una demanda simple, de sentido común.
¿Por qué entonces la carta de estos académicos no pide la liberación de los más de mil presos políticos que languidecen desde entonces en los calabozos cubanos? ¿Su sacrificio es acaso menospreciado por haber pedido liberarse del bloqueo interno y soslayar las sanciones de Estados Unidos? [1]
Según un memorándum oficial dirigido a Gorbachov por la KGB y la Fiscalía del desaparecido estado comunista[2] en la URSS había 288 presos políticos en 1987, un país que entonces contaba con 284 millones de habitantes. En Cuba hoy hay 100 veces más presos per cápita que en la URSS que Gorbachov quiso reformar. Sin embargo, las protestas siguen expresándose por múltiples vías y creciendo mes a mes. El pasado mes de junio el Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 414 protestas en todas las provincias del país. Si estos académicos desean protestar al gobierno cubano por la represión en la isla están a tiempo de hacerlo.
En 2020, en medio de la pandemia, el gobierno de Cuba invirtió $4,138 millones en construir hoteles cinco estrellas y solo $538 en la agricultura según las cifras oficiales. ¿Qué les hace pensar que esa situación cambiará si liberan de las sanciones actuales a la nueva oligarquía militar y su holding GAESA? Esa opaca entidad –sancionada por Estados Unidos– controla el 70% de las riquezas, el 95% de las transacciones financieras y no puede ser auditada por las instituciones del estado cubano porque sus principales corporaciones aparecen registradas como sociedades anónimas privadas en Panamá. ¿Es mala idea sancionarla?[3]
¿Sabían estos economistas que con lo que le cuesta a GAESA construir en Cuba una habitación para un hotel de lujo se podrían construir 12 viviendas en un país con un déficit de 862,000 y donde el 40% de las existentes están en regular o mal estado? [4] ¿Creen que de levantarse las sanciones a sus empresas y tener más dinero disponible lo invertirán en construir viviendas populares?
¿Sabían que en ese mismo año 2020 la Liga de Campesinos Independientes y el capítulo cubano de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR) anunciaron que se avecinaba una hambruna por el bloqueo interno al campesino privado y presentaron al gobierno un programa de cinco puntos para producir alimentos que fue respondido con silencio y detenciones arbitrarias? [5] La señora Michelle Bachelet también recibió una carta de esos campesinos, pero en Ginebra estaban más ocupados en ese momento con el análisis del impacto de las sanciones económicas externas que con las consecuencias económicas y sociales internas de un régimen totalitario y nada hicieron. Hoy la escasez de alimentos, aun para aquellos que reciben remesas del exterior, está alcanzando niveles críticos.[6]
¿Sabían quienes creen que las sanciones impactan negativamente la atención médica de la población que en 2017 la exportación de médicos (a quienes las corporaciones militares que los trafican arrebatan del 70 al 90 por ciento de sus salarios) obtuvo ingresos por un total de 11,379 millones de dólares, pero de ellos solo 428 millones fueron invertidos en el sistema nacional de salud? [7]
¿De verdad creen que de levantarse las sanciones esos recursos van a ser dedicados a la seguridad alimentaria, la construcción de viviendas y la salud pública? ¿Qué investigaciones, datos estadísticos y obras científicas apoyan semejante creencia?
El problema con los que emiten cartas como la enviada al senador Menéndez no es solo explicable, como muchos piensan, a partir de su manipulación por agentes de influencia de La Habana. Las teorías conspirativas son siempre atractivas porque a menudo aciertan, pero sobre todo porque nos libran de la responsabilidad de entender las complejas razones detrás de ciertos males como los que en este caso aquejan al mundo académico. Existen distorsiones interpretativas de larga data en el ámbito de las ciencias sociales que además de las teorías conspirativas explican –si bien no justifican a estas alturas– estas arbitrarias interpretaciones de la realidad cubana.
La primera es el economicismo que lleva a muchos de ellos a creer que la economía “determina” todo el desarrollo político, social y cultural. Como es lógico, esa es una enfermedad interpretativa que habita más a menudo entre los economistas. Esa insuficiencia analítica les impide prestar atención y otorgar la debida importancia a factores extraeconómicos –relaciones políticas, jurídicas, sociales, culturales– que pueden llegar a determinar el avance, estancamiento o literal bloqueo de las fuerzas productivas.
Una segunda insuficiencia que se refleja en la carta de estos académicos es que en ningún momento consideran que el régimen de gobernanza vigente sea el causante de la deplorable situación cubana. Para ellos solo hay dos causas: errores de gestión administrativa (los que despachan con apenas una frase) y las sanciones externas (a las que dedican toda su misiva). Lo cierto es que si mañana los miembros del gobierno cubano renunciaran y pusieran todos sus cargos a disposición de un selecto grupo de ganadores del Premio Nobel de economía la situación no cambiaría demasiado.
Es el sistema de gobernanza estatista, dictatorial, vertical y centralizado –ahora agravado por la ineptitud de sus actuales gestores– lo que está en la raíz de este caos. No se trata de un desastre natural, sino el resultado de una opción consciente de los decisores políticos. La opción del grupo social dominante que hasta ahora lo ha considerado el mejor sistema para proteger sus privilegios. Cuando los campesinos cubanos alertaron que se avecinaba una hambruna no pidieron que cambiaran funcionarios del ministerio de agricultura para abortar ese peligro, demandaron un cambio sustantivo en el sistema de producción agrícola.
La tercera debilidad analítica en diversos ámbitos del mundo académico es la omisión de una pregunta clave tanto en Economía como en Sociología. ¿Quién controla el poder? ¿Quién manda, quién gobierna y qué intereses de grupo favorecen?
Es ingenuo promover medidas con las que se facilite el acceso a más recursos a aquellos que detentan el poder en Cuba y Venezuela sin primero preguntarse quiénes son, a qué intereses responden y cómo han sido usados antes esos recursos. En el caso de Venezuela ya se admite un desfalco de cientos de miles de millones de dólares.[8]
Los firmantes de la carta hacen caso omiso a la naturaleza del régimen de producción cubano o venezolano y se centran en consideraciones sobre el impacto de factores externos en el campo de la circulación de capitales y mercancías que suponen –a menudo no es el caso– puedan estar afectadas por las sanciones.
La moraleja de esta historia es que la sabiduría de un campesino a veces vale más que la educación recibida en una universidad famosa y un título universitario no es excusa para hacer valoraciones desequilibradas por la ideología de su emisor. En más de una ocasión una persona de la estatura intelectual de José Martí expresó su admiración por lo culto que eran los campesinos cubanos. Todos podríamos tenerlo en cuenta. El llamado de alerta emitido por los campesinos cubanos hace tres años encerraba tanta o más sabiduría que una tesis de grado de Harvard u otra prestigiosa universidad sobre el tema de la seguridad alimentaria en la isla.
Pero mientras algunos en sociedades abiertas pueden darse el lujo de cometer ligerezas académicas, sean bien o mal intencionadas, hay miles de intelectuales y profesionales víctimas de la represión en Cuba y Venezuela –algunos presos, otros exiliados– que no pueden firmar despreocupadamente una carta para irse luego a comentarla entre amigos con un caffe latte en Starbucks.
El futuro de Cuba y Venezuela –a no dudarlo– está en manos de los segundos. De ciudadanos con dignidad como la campesina cubana Lizandra Góngora, el artista Luis Manuel Otero Alcántara y la opositora venezolana María Corina Machado. También, a no dudarlo, depende de la persistencia de personas decentes y genuinamente solidarias con sus respectivas causas, como el senador estadounidense Bob Menéndez.
Juan Antonio Blanco (PhD)
Presidente de Cuba Siglo 21
Ver CARTA ABIERTA A LOS CRÍTICOS DEL SENADOR BOB MENÉNDEZ por Emilio Morales
Referencias
[1] Con cierre de datos a fecha 31 de mayo de 2023, la lista de prisioneros políticos en Cuba incluye un total de 1.037 prisioneros políticos y de conciencia según la ONG europea Prisoners Defenders.
[2] KGB Secretariat Archives, f.6, op.rio, por, no 45, d. 132, l.d. 104-106 (The State within a State, Yevgeni Albats, 1994, Farrar, Straus, Giroux, New York. Nota 5 del capítulo 5 Realities of the Glassnost Era)
[3] Morales, Emilio. “GAESA no maneja un negocio de remesas, maneja un negocio de lavado de capital”. THCG
Business Report, Octubre 2021 Nº5, THCG & TECH.
[4] APNews, junio 22, 2022
[5] Bajo el título de “Sin Campo no hay País”, la iniciativa demanda la puesta en práctica de estas cinco medidas por parte del Estado cubano:
- Libertad para la producción y distribución de nuestros productos.
- Libertad para fijar los precios de nuestros productos de acuerdo con el mercado.
- Libertad para importar y exportar directamente, incluso de Estados Unidos, donde está comprobado que sus leyes no lo impiden, por nuestra condición de campesinos independientes.
- Eliminar por diez años todos los impuestos a productores y procesadores de alimentos.
- Entregar títulos de propiedad permanente a todos los productores agrícolas.
[6] Estamos cansados de programas y medidas. 14yMedio, julio 18, 2023, (https://www.14ymedio.com/cuba/programas-realidad-arremete-Esteban-Lazo_0_3570842890.html )
[7] Más de 250 medicamentos en falta en Cuba, Diario de Cuba, 19 de julio 2023 (https://diariodecuba.com/cuba/1689765125_48617.html )
[8] Cómo robar 600 mil millones de dólares en Venezuela y seguir en el poder. El Debate (26, 03, 2023) https://www.eldebate.com/internacional/latinoamerica/20230326/robo-milenio_102838.html
