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Resumen
El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) ha publicado un análisis de la quiebra de la seguridad pública en Cuba. El informe monitorea datos del primer semestre de este año y analiza la creciente inseguridad pública y la escalada de crímenes violentos en el país. OCAC señala que la seguridad pública solo constituye uno de los aspectos de la seguridad ciudadana, ya que ésta incluye varios indicadores como seguridad alimentaria, sanitaria y energética, entre otros.
La inseguridad pública se manifiesta a través de un aumento significativo de crímenes y delitos. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana identificó 98 reportes comprobados en el primer trimestre: 16 en enero, 48 en febrero y 34 en marzo. De ellos, 42 fueron robos, 33 asesinatos, 17 asaltos y 6 otro tipo de delitos. El informe señala que durante el segundo trimestre de 2023 se registraron 189 reportes de crímenes, incluyendo robos, asesinatos, asaltos y agresiones. Las provincias más afectadas en el segundo trimestre son La Habana, Villa Clara y Guantánamo.
OCAC considera muy relevante la comparación del comportamiento trimestral donde se puede apreciar que prácticamente entre un trimestre al otro se duplicaron los delitos, de 98 a 189 (para un 92% de crecimiento). De estos, los robos crecieron en un 83% (77 versus 42) y los asesinatos en un 43%. (49 versus 33) Otro dato para tener en cuenta es que el mayor incremento ocurrió en el mes de junio, lo que pudiera indicar que se avecina una escalada de hechos delictivos en los próximos meses.
Las cifras aportadas por este informe pueden resultar bajas para algunos lectores si se comparan con otros países. Sin embargo, sus números y velocidad de expansión resultan alarmantes para una sociedad totalitaria que hasta hace poco parecía capaz de garantizar el “orden público” por medio de políticas sociales que contenían los niveles de pobreza y desigualdad en marcos tolerables y en el que, además de los cuerpos represivos dedicados a aplastar la disidencia política, se financiaba la base tecnológica de una fuerza policial especializada en criminalística y dedicada al sostenimiento del “orden público” frente a los delitos “no-políticos”. Ambos factores se han esfumado. Gritar en la calle contra el gobierno garantiza un rápido despliegue policial. Gritar pidiendo auxilio no.
Si se tiene en consideración la falta de transparencia del gobierno en el manejo de estadísticas, la reciente intensificación de la propaganda exaltando la supuesta eficiencia del trabajo policial, así como la investigación realizada por CubaData donde se afirma que el 61% de los cubanos encuestados dijeron haber sido víctima de violencia o actos de delincuencia –pero que solo el 14,6% de ellos lo denunció a la Policía–, se puede afirmar sin temor a duda que las cifras que ofrece el informe pueden, en realidad, ser mucho mayores.
Uno de los aspectos más destacados en el informe es la normalización de la violencia física en la comisión de delitos, incluso en situaciones donde no se obtienen significativos beneficios materiales. Esto sugiere un daño psicológico profundo en los perpetradores.
El informe también pone de relieve la participación de menores como víctimas y victimarios en varios casos. La existencia de bandas delictivas es un indicador preocupante de la descomposición social y la inseguridad que prevalece en la sociedad.
OCAC señala que la seguridad pública solo constituye uno de los aspectos de la seguridad ciudadana, ya que ésta incluye varios indicadores como seguridad alimentaria, sanitaria y energética, entre otros.
Se pone de manifiesto que la inseguridad pública en Cuba no es un problema superficial, sino un reflejo de problemas estructurales más profundos. La falta de inversión en servicios básicos como alimentación, salud, educación y vivienda, así como la violencia estructural y cultural, contribuyen a la escalada de la inseguridad pública.
OCAC enfatiza que abordar la inseguridad pública no puede limitarse a medidas punitivas. Es necesario un enfoque integral que aborde las causas subyacentes, como la falta de inversión en necesidades básicas, no solo en alimentación y salud, sino también en recursos para la policía criminalística. La prioridad inversionista ha estado en la sección del Ministerio del Interior (MININT) que enfrenta protestas públicas y manifestaciones contra el gobierno, las llamadas boinas negras. La oligarquía cubana y su gobierno fortalecen la Seguridad del Estado a expensas de la Seguridad Ciudadana y la seguridad pública. Para ellos el concepto de seguridad va orientado a la protección de su poder absoluto a fin de proteger sus intereses como grupo dominante.
La precaria situación actual exige una respuesta para mejorar la calidad de vida de la población.
Además, el informe resalta la importancia de auditar y reformar instituciones clave como el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), cuyos recursos deberían ser redirigidos hacia el desarrollo y el bienestar social en lugar de beneficiar a una oligarquía.
El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana hace un llamado a la reflexión y la acción sobre los desafíos en seguridad ciudadana en Cuba. La solución no reside únicamente en abordar la inseguridad pública, sino en afrontar los problemas estructurales y sistémicos que la subyacen.
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