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Dos recientes informes de Cuba Siglo 21 –“Cuba: totalitarismo y haitianización” y “El totalitarismo en Cuba” exponen el impacto del totalitarismo en la sociedad cubana. El segundo analiza tres rasgos que han caracterizado al sistema totalitario en la isla: la aniquilación de la propiedad privada, la corrupción y el éxodo.

El autor considera que la estatización de la propiedad suprimiendo la libertad de empresa y mercado constituye el elemento clave que al final –a falta de un mecenas que financie sus deficiencias– ha conducido a la crisis multisistémica que ha empujado a más del 80% de la población a la extrema pobreza.

El estudio realiza un breve recuento de cómo el gobierno cubano en la segunda mitad del siglo 20 se apoderó de las riquezas del país que se inicia en mayo de 1959, cuando, con la Primer Reforma Agraria, el 40% de la tierra confiscada no pasó a manos de los campesinos sino del Estado. Ya para el año 1975 el latifundio estatal abarcaba el 75% de las mejores tierras cultivables del país. Algo similar sucedió con las empresas privadas. En 1960 fueron expropiadas 381 grandes empresas industriales y comerciales, proceso que terminó en 1968 con la aniquilación de más de 55 mil pequeñas y medianas empresas que todavía estaban en manos de cubanos.

Las consecuencias son claramente visibles. Cuba pasó de ser uno de los países con un mayor estándar de vida de América Latina a uno de los más pobres. De ahí que el autor defina en su otro informe que en el año 2024 la situación de Cuba se aproxima a la de Haití: el país más atrasado del hemisferio occidental. Un retroceso histórico que el autor ha denominado haitianización.

El autor atribuye el origen de esa haitianización a que el gobierno revolucionario desmontó la sociedad civil, erradicó la propiedad privada, suprimió las libertades, e implantó un sistema totalitario con el que desapareció el ciudadano, agente activo e imprescindible para el progreso social.

La ineficiencia de la economía centralizada fue reconocida en 2018 por la Contraloría de la República: de 402 empresas comprobadas el 39% se evaluó de mal y el 19% de deficiente, con pérdidas de más de 2,000 millones de pesos, el doble del detectado el año anterior, cuando 369 empresas arrojaron pérdidas por 1,057 millones.

El informe incluye una cronología de escándalos de corrupción comenzando en 1987 con el presidente del Instituto de Aeronáutica Civil, Luis Orlando Domínguez Muñiz —quien había ocupado el cargo de secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas y era miembro del Comité Central del Partido Comunista (PCC).

Todos los esfuerzos por controlar la corrupción han sido infructuosos. Pero la corrupción pasó a una escala superior cuando en las primeras décadas del siglo XXI el régimen comunista, al igual que sucedió en Venezuela, Rusia y otros países en el mundo, se transformó en un estado mafioso controlado por una oligarquía.

En ese nuevo contexto, la Contraloría de la República es una entelequia sin potestad real para inspeccionar la economía en manos del principal desfalcador de la riqueza nacional, que es la nueva oligarquía. Su principal engendro, el conglomerado (holding) militar GAESA, no puede ser auditado y opera a espaldas no sólo de la propia contraloría, sino de todo mecanismo institucional y —lo que es peor— al margen y en contra de los intereses del pueblo.

La solución a la crisis actual tiene que partir del reconocimiento del Estado totalitario como causante principal de la corrupción generalizada, restablecer las libertades ciudadanas, descentralizar la economía, y permitir la formación de una clase nacional productiva.

En cuanto al éxodo el autor afirma que su principal causa es interna. Este comenzó antes de las administraciones de Joe Biden, Donald Trump y Barack Obama; antes de las medidas “reformistas” implementadas por Raúl Castro en el año 2008, de la Ley de Ajuste de 1966, e incluso antes de la ruptura de las relaciones diplomáticas en 1961. El éxodo continuará porque es imposible detenerlo sin cortar su raíz: el modelo totalitario y la pobreza, crónica y masiva, que ha generado.

El colapso del sistema totalitario cubano es un hecho. El intento de solución a la crisis cubana mediante cambios de funcionarios o cualquier otro cambio cosmético es insuficiente. La experiencia del último siglo demuestra que, en Cuba, tanto por su historia como por su cultura y su estado actual, cualquier solución a la crisis actual, requiere de cambios estructurales.

Lo debatible es, en todo caso, el modo (pacífico o violento) en que inevitablemente transitará hacia otro sistema y si la sociedad que emerja todavía será autocrática (aunque ya no totalitaria) o finalmente democrática. El autor opina que resulta alentador que el recién surgido movimiento social por las “5 Libertades contra el Totalitarismo” que propone un camino hacia el cambio mediante el restablecimiento de libertades básicas imprescindibles para asegurar que el cambio que llegue a producirse sea genuino y apunte hacia una sociedad democrática, con estado de derecho y economía de mercado