Las tiendas controladas por los militares cubanos en moneda libremente convertible (MLC), en las que se vende, solo en divisas, alimentos, artículos de aseo y otros productos de primera necesidad, son desde 2020 motivo diario del descontento social en Cuba.

Las tiendas MLC introdujeron una nueva moneda en el ámbito financiero cubano cuando el Gobierno cubano llevaba en estudio más de diez años la tarea de cómo eliminar la dualidad monetaria que había en aquel entonces y que era uno de los principales males que aquejaban la economía del país.

Las tiendas MLC introdujeron la magia de tener tres economías compitiendo entre ellas de forma disfuncional: la economía centralizada estatal, la economía capitalista monopolista manejada por los militares y la economía del mercado negro. Las tres estaban atadas a las consecuencias de las decisiones partidistas, un lastre que siempre ha impedido que la economía del país funcione. Esto explica en parte, la intrascendencia de si aquel era un buen momento o no para eliminar la dualidad monetaria, que en realidad se había convertido en un mercado de triplicidad monetaria, pues el mercado estaba operando con tres tipos de moneda: CUC, CUP y dólares.

Hay que recordar que las tiendas MLC fue una imposición de GAESA, por orden del difunto general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja sobre el aparato burocrático del Gobierno de Miguel Díaz-Canel y el ministro Alejandro Gil, quienes comparecieron en la televisión cubana en varias ocasiones para justificar esta disparatada medida.

Con el mercado cercenado por las tiendas MLC y el impacto demoledor que tuvo la implementación de la Tarea Ordenamiento, el régimen cubano dio el tiro de gracia a la economía con la implementación del nuevo mercado cambiario.

El controversial mercado cambiario fue lanzado tontamente con una oferta en una sola dirección: el Estado compraba divisas, no las vendía. Automáticamente, con esta acción el régimen cubano puso de un golpe en manos del mercado negro el control del canje en las finanzas del país. La medida, lejos de debilitar al mercado negro, lo fortaleció.

La respuesta del mercado no se hizo esperar: no hubo colas ni aglomeraciones de personas en los bancos y las casas de cambio para ir a vender sus divisas al Estado.

Para la población el impacto de esta medida tuvo repercusiones inmediatas. Los salarios de los trabajadores perdieron de un golpe su valor nominal en un 400%. Los pensionistas quedaron totalmente desprotegidos. El alza de los precios de los productos se disparó tanto en el mercado informal como en el mercado de las tiendas MLC. La medida generó más frustración en la población, y escaló el aumento de las protestas ciudadanas, corroborando la sensación de que el país va rumbo a la anarquía.

Con esta medida se implementa otro disparate financiero al crearse un segundo corredor cambiario, pues las empresas estatales y las extranjeras que operan en el país continuarían operando con la tasa oficial de 1USD x 24CUP, lo cual enterraba definitivamente a la red de ineficientes y subsidiadas empresas estatales. Con esta medida, el primer ministro, Alejandro Gil, le aplica una especie de eutanasia a la empresa estatal socialista. Para las empresas extranjeras era otro golpe bajo, que se sumaba al corralito financiero al que llevan sometidos por tres años, más la sacudida que les dio la implementación de la Tarea Ordenamiento.

Como consecuencia de esta medida, muchos trabajadores han abandonado sus trabajos para dedicarse de lleno a sobrevivir en el mercado informal, o sencillamente han vendido sus pertenencias para emprender la salida del país vía Nicaragua en busca del sueño americano. Decenas de miles de cuentapropistas han cerrado sus negocios, víctimas de la inflación y de estas disparatadas medidas de corte financiero implementadas en los dos últimos años.

Fragmento del artículo “Díaz-Canel y Alejandro Gil se hunden al ritmo de la inflación”, publicado en Havana Consulting Group.