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Hay indicios de que en la Dirección de Inteligencia (DI) del Ministerio del Interior cubano (MININT), -sus direcciones de medidas activas y de Estados Unidos- trabajan junto a colaboradores de la “intelectualidad orgánica”, para articular una falsa apertura pudiera vendérsele a la actual Administración en Washington. Su expectativa es que, si ese plan les resultara exitoso, la supuesta “reforma” elaborada por ellos devendría en un deal para Cuba que el presidente pudiera hacer suyo y de ese modo reclamar luego otra victoria como negociador exitoso.

Lo que olvidan es que ya hay un deal para Cuba, existe desde marzo de 1996, está aprobado por el Congreso y se llama Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana o Freedom Act (Ley Helms-Burton). Lo que ha estado pendiente hasta ahora es que un presidente en la Casa Blanca la use de forma firme, creativa y persistente, algo que Trump podría hacer.

El caso reciente de Expedia, sentenciado a pagar casi 30 millones de dólares por usar propiedades confiscadas, demuestra que el Capítulo III de la Helms-Burton está más vigente que nunca. Sin embargo, la Ley no es un simple mecanismo de sanciones; es un marco legal completo que ofrece una salida democrática y no violenta para Cuba -ejecutada por los propios cubanos- con el compromiso de Estados Unidos de apoyar la reconstrucción del país.

Según el plan codificado en el Capítulo II, se establece que si en Cuba se forma un gobierno de transición que asuma el poder, libere a los presos políticos, respete las libertades civiles y convoque a elecciones libres, Estados Unidos ofrecerá:

  • Alivio humanitario inmediato, incluyendo alimentos, medicinas y asistencia energética.
  • Asistencia técnica para reformas institucionales, económicas y judiciales.
  • Apoyo a las Fuerzas Armadas para su integración en una nueva etapa democrática.

Pero una vez realizadas elecciones libres e instalado el primer gobierno electo democráticamente, se contempla adicionalmente:

  • El levantamiento total del embargo.
  • El apoyo de Washington para acceder a fondos internacionales del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
  • Inversiones directas estadounidenses garantizadas por agencias federales.
  • Relaciones comerciales plenas, que podrían evolucionar hacia el otorgamiento de “nación favorecida” y la eventual participación en una zona de libre comercio con Estados Unidos.

Contrario a lo que sostiene la propaganda oficial, la Ley Helms-Burton no impide el comercio de alimentos o medicinas, ni prohíbe las donaciones humanitarias. De hecho, las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a Cuba han crecido año tras año. La ley incluso permite desde el presente transacciones con un verdadero sector privado cubano si este existiera, posibilidad que el régimen ha bloqueado sistemáticamente al mantener bajo control estatal los mecanismos de libre mercado y todos los sectores económicos claves.

Desde su promulgación, el régimen ha tratado de vender la idea de que la ley busca despojar a los cubanos de sus viviendas y servicios públicos. Sin embargo, solo reconoce reclamaciones legítimas sobre propiedades confiscadas arbitrariamente, en violación de las normas internacionales y la propia Constitución cubana de 1940.

Con el acceso a Internet se ha ido formando una genuina opinión pública en la isla. Las ideas, apreciaciones y expectativas corrientes difieren en muchos aspectos de las que prevalecían cuando la población estaba encerrada en una jaula informativa. Hoy, las demandas que establece la Helms-Burton para la normalización bilateral de relaciones coinciden con las de una ciudadanía que ya no responde a viejos dogmas. Libertad de expresión, liberación de presos políticos, economía de libre mercado y llamado a elecciones libres son hoy exigencias también ancladas nacionalmente que son ampliamente compartidas por una sociedad cansada de promesas incumplidas.

La ley también es una herramienta contra el llamado “cambio fraude”, que el régimen continúa intentado promover como reforma económica sin transformaciones políticas. La Helms-Burton deja claro que solo un cambio genuino e integral, con elecciones libres y plenas libertades políticas y económicas, permitirá el fin del embargo y el inicio de una etapa de cooperación internacional sin precedentes.

En contraste con los intentos de promocionar un “cambio fraude” – el que alerto el asesinado líder opositor cubano Osvaldo Payá- Estados Unidos ofrece con la Ley Helms Burton un acuerdo, ya aprobado y vigente, no para beneficiar a elites ni para perpetuar a la mafia gobernante, sino para abrir las puertas a la reconstrucción del país, con la participación de todos los cubanos, incluyendo a la diáspora, y con apoyo comercial y financiero estadounidense.

Cuba tiene ante sí la oportunidad de salir de su opresión y estancamiento. No es necesario otro “deal” fabricado por la elite de poder para mantener su control sobre el país y la sociedad cubana. La hoja de ruta que ella traza en el Capítulo II contiene exigencias básicas de libertades y democracia que hoy son populares en Cuba. Solo falta recorrerla.

El Dossier de Cuba Siglo 21 sobre la Ley Helms Burton cierra con las siguientes conclusiones.

  • El caso Expedia ha demostrado que el Capítulo III de la Helms-Burton tiene castigos legales eficaces. El hecho de que la Corte Suprema de Estados Unidos se haya mostrado también dispuesta a recibir las apelaciones de casos que fueron desestimados en cortes inferiores, parece indicar que se abre una nueva y promisoria etapa para quienes siendo ciudadanos estadounidenses fueron afectados por las confiscaciones arbitrarias y no compensadas de sus propiedades, durante el proceso de transformaciones iniciado en Cuba a partir de 1959.
  • Es pertinente recordar que Estados Unidos tiene legalizado en el Capítulo II de esta Ley un deal para el cambio no violento en la isla. Un cambio hacia la libertad plena y no un fraude de reformismo mediatizado y autocrático, elaborado en esencia por la elite de poder cubana para ser cocinado con algún sector del establishment estadounidense a espaldas de los demócratas cubanos.
  • El centro y esencia del conflicto en Cuba es endógeno (entre el poder totalitario y el pueblo) no bilateral (entre La Habana y Washington). La Ley Helms-Burton reconoce esa realidad. No reclama de La Habana una negociación bilateral con el gobierno de Estados Unidos que pase por alto al pueblo cubano, sino exhorta a un proceso endógeno, impulsado por el propio pueblo cubano, en favor de los cambios hacia las libertades y derechos que exige la ley y que hoy son bienvenidos también por la mayoría de la población.
  • La ley Helms-Burton no exhorta a desatar la violencia nacional, no exige siquiera una fórmula de justicia transicional contra los verdugos de estas seis décadas y media, ni aboga por una invasión militar o anexión extranjera. Incluso estipula iniciar negociaciones para el eventual traspaso de la base naval de Guantánamo a un gobierno democráticamente electo. Solo exige lo que el pueblo lleva décadas soñando: que la sociedad pueda elegir libremente, entre múltiples opciones, su propio gobierno y camino para buscar la felicidad.
  • Los cubanos no tendrían que emigrar a otro país para buscar la felicidad. Habrían recuperado el suyo para hacerlo. No haría falta huir en balsa ni depender de remesas. Bastaría con imponerle a un puñado de autócratas mafiosos un ejercicio electoral libre de toda coyunda totalitaria. Cuba podría entrar en una era de crecimiento con libertad y oportunidades para todos, en especial para sus jóvenes. La diáspora cubana sería la primera fuerza inversionista en participar -con tres formas de capital (financiero, humano y social)- en la reconstrucción del país.

La tesis del Dossier está clara: la única propuesta de acuerdo o deal de los Estados Unidos al pueblo de Cuba ya fue aprobada en 1996 por el Congreso y está vigente.  No es factible negociar un nuevo pacto o deal con la elite de poder cubana con el que se pueda correr el riesgo de abrirles la posibilidad de prolongar su control sobre el país y la sociedad en la isla.

 El deal vigente para Cuba fue aprobado en marzo de 1996 y se llama Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana o Freedom Act (Ley Helms-Burton). Lo que hasta ahora ha faltado es una administración en Washington dispuesta a impulsarla con firmeza, creatividad y persistencia, algo que Trump podría hacer.