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Resumen Ejecutivo
Executive Summary
El Observatorio Cubano de Auditoria Ciudadana (OCAC) estima que los fallecidos son al menos 185 veces más que los que el gobierno reconoce. Ese es el resultado del colapso sanitario generado por una crisis estructural sistémica.
29 diciembre de 2025 – Cuba atraviesa una de las peores crisis sanitarias de su historia reciente. Lejos de tratarse de un fenómeno coyuntural o de una emergencia provocada exclusivamente por factores externos, el colapso del sistema de salud cubano es el resultado directo de decisiones políticas sostenidas durante años que han debilitado de forma sistemática la capacidad del Estado para proteger la vida y la salud de su población. Así lo documenta el Dossier 42: El colapso sanitario en Cuba, elaborado por el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC).
El informe concluye que la actual emergencia epidemiológica —marcada por la circulación simultánea de dengue, chikungunya y otros virus— se desarrolla sobre un sistema sanitario previamente devastado. La combinación de desinversión crónica, deterioro de la infraestructura hospitalaria, escasez extrema de medicamentos e insumos, emigración masiva del personal médico y manipulación de la información epidemiológica ha creado un escenario de daño evitable, conocido y persistente.
Según estimaciones del OCAC, ocurrieron al menos 8,700 fallecidos, cifra 185 veces mayor que lo que reconoce el gobierno cubano (47). Esta cifra contrasta de forma dramática con los reportes oficiales, que minimizan el alcance real de la crisis y subestiman tanto la morbilidad como la mortalidad asociadas a las arbovirosis. Profesionales de la salud entrevistados para el Dossier coinciden en que la mayoría de los casos no se registran, ya sea por la ausencia de reactivos diagnósticos o porque los pacientes optan por no acudir a instituciones médicas que carecen de recursos para atenderlos.
La situación en hospitales y policlínicos es crítica. El informe documenta centros de salud sin agua corriente, con cortes eléctricos prolongados, equipos médicos fuera de servicio y carencias básicas como guantes, jeringuillas, soluciones intravenosas o medicamentos antipiréticos. Datos oficiales citados en el Dossier indican que más del 64 % de los medicamentos que debía suministrar la industria farmacéutica estatal se encontraban en falta a inicios de 2025, y desde entonces no se publican actualizaciones, lo que profundiza la opacidad informativa.
A esta realidad se suma la drástica reducción del personal sanitario. En los últimos años, decenas de miles de médicos y enfermeros han abandonado el sistema, ya sea por emigración o por cambio de ocupación, empujados por salarios insuficientes, sobrecarga laboral y condiciones de trabajo extremas. Paralelamente, el Estado continúa priorizando el envío de profesionales de la salud al extranjero como fuente de ingresos, mientras el sistema interno se vacía de capacidades esenciales.
El Dossier subraya que la crisis sanitaria no puede analizarse de forma aislada. La expansión de las epidemias ocurre en un contexto de inseguridad alimentaria severa, colapso de los servicios de recogida de basura, proliferación de vectores y una profunda crisis energética que somete a la población a apagones prolongados. La malnutrición crónica y el estrés constante han debilitado la respuesta inmunológica de millones de personas, incrementando la gravedad de las infecciones y el riesgo de complicaciones.
Especial atención merece el impacto a mediano y largo plazo del chikungunya. La evidencia internacional indica que entre un 30 % y un 60 % de los infectados puede desarrollar secuelas crónicas, como dolor articular persistente, fatiga extrema y limitaciones funcionales. En Cuba, estas secuelas quedan prácticamente sin tratamiento debido a la inexistencia de programas de rehabilitación, la falta de medicamentos y la descomposición del primer nivel de atención. El resultado es una creciente carga de discapacidad que afecta la productividad, los ingresos familiares y la calidad de vida, especialmente entre adultos en edad laboral, niños y ancianos.
El informe también denuncia la manipulación deliberada de las estadísticas de mortalidad y el alcance de la epidemia. Médicos entrevistados describen prácticas sistemáticas para omitir las infecciones virales como causas antecedentes en los certificados de defunción, una estrategia destinada a reducir el costo político del desastre sanitario. Esta opacidad se ve reforzada por la aceptación acrítica de cifras oficiales por parte de organismos internacionales, lo que contribuye a distorsionar la percepción global de la situación real en la isla.
Para el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, el colapso sanitario constituye una forma de violencia estructural ejercida desde el poder. Mantener a millones de personas en condiciones de malnutrición, indefensión sanitaria y exposición permanente a riesgos epidemiológicos no es un accidente, sino la consecuencia de un modelo de gobernanza que ha dejado de priorizar el bienestar humano básico.
El dossier concluye que la crisis de salud pública en Cuba es inseparable del colapso integral del sistema político y económico vigente. La suma de la emergencia sanitaria, la crisis alimentaria, el deterioro ambiental y la falta de transparencia configura una violación sistemática de las obligaciones fundamentales de protección del Estado hacia su ciudadanía. Mientras no se produzcan cambios estructurales profundos y se permita una evaluación independiente de la situación, millones de cubanos seguirán enfrentando enfermedades evitables, sufrimiento prolongado y una creciente pérdida de dignidad.
