Comunicado de Cuba Siglo 21

El caso del piloto de MIG que participó en el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996, y ahora emigró a Estados Unidos, ha puesto de nuevo el tema sobre el tapete.

Cuba Siglo 21 quiere establecerlo con toda claridad: la comunidad internacional no reconoce la llamada “obediencia debida” a mandos superiores como justificación para cometer asesinatos a mansalva, premeditados y con alevosía. Esos fueron los actos cometidos en 1994 contra familias cubanas desarmadas que intentaban migrar a bordo del remolcador 13 de Marzo, y el ejecutado en 1996 contra civiles que volaban sobre aguas internacionales a bordo de avionetas desarmadas.

Tanto el remolcador como las avionetas de Hermanos al Rescate fueron emboscados con premeditación y alevosía a partir de información de inteligencia previamente suministrada al gobierno cubano por sus agentes e informantes. No fueron acciones de guerra, sino homicidios planificados. Ambos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad que no caducan.

Nadie que haya participado en la ejecución de esos crímenes puede alegar inocencia enarbolando la manida frase de “cumplía órdenes”.  Todos los que iban a bordo de las naves que embistieron al remolcador y los que tripulaban la escuadrilla de MIGs que despegó de San Antonio, salieron ese día dispuestos a matar.

La grabación de las comunicaciones del piloto del MIG (codificado con el # 22) informando que tenía a tiro la tercera avioneta e insistiendo en que le dieran instrucciones para proceder a su derribo, no deja duda de las intenciones en aquella mañana del migrante que ahora vive apaciblemente en Jacksonville, Florida.

Desde el punto de vista de Cuba Siglo 21 esto rebasa el tema migratorio. El asunto no es si se deporta o no a ese piloto por no haber dado toda la información en su entrevista de solicitud de parole. Él fue parte del grupo que despegó para ejecutar el asesinato de los tripulantes y pasajeros de aquellas avionetas: tres de ellos ciudadanos estadounidenses y el otro residente en EE. UU. Como mínimo, debe ser interrogado sobre aquellos hechos.

La Fiscalía de la Florida -más que Inmigración- debe entonces decidir si procede o no de algún modo contra él por haber participado en el grupo de pilotos a quienes se les encomendó que realizaran el asesinato premeditado de esos ciudadanos, en violación de los códigos internacionales de la aviación civil.

No se trata de intolerancia, venganza o rencor. Ni siquiera de “ajustar cuentas” a ese piloto. Lo que en realidad urge llevar a juicio en este caso es el concepto mismo de “obediencia debida” a órdenes criminales que casi sin excepción enarbolan los violadores de derechos humanos en Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros regímenes similares.

Llevar a la justicia a los perpetradores de hechos tan repugnantes como estos constituye una acción disuasiva para contribuir a que no se cometan otros. Particularmente ahora que esos regímenes amenazan con realizar nuevas acciones criminales dentro de sus países e incluso más allá de sus fronteras.