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Un nuevo dossier de Emilio Morales revela cómo el conglomerado militar cubano utiliza las MIPYMES para participar en las importaciones de combustible estadounidense, mientras Washington acepta el reto y adquiere un creciente control sobre el abastecimiento energético de la isla.
La batalla por el control del combustible que llega a Cuba ha entrado en una nueva fase. Tras perder el suministro petrolero venezolano y buena parte de los ingresos que obtenía mediante su reventa internacional, GAESA enfrenta ahora una estrategia estadounidense que amenaza con desmantelar uno de sus negocios más lucrativos y limitar los recursos energéticos disponibles para sostener el aparato represivo del régimen cubano.
Esta es una de las principales conclusiones del nuevo dossier «El control del combustible: nuevo instrumento de presión sobre el Estado mafioso cubano», elaborado por Emilio Morales, vicepresidente de Cuba Siglo 21 y presidente de Havana Consulting Group. La investigación analiza el entramado financiero, empresarial y logístico que controla las importaciones de combustible desde Estados Unidos y cuestiona que estas operaciones constituyan un negocio verdaderamente independiente del sector privado cubano.
La captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026, significó para La Habana la pérdida de su principal proveedor de petróleo subsidiado. Según estimaciones recogidas en el dossier, GAESA revendía en mercados asiáticos entre el 40 % y el 50 % del crudo venezolano recibido, una operación que habría generado aproximadamente 30.000 millones de dólares entre 2010 y 2025.
Ante el agravamiento de la crisis energética, Washington abrió una vía para exportar combustible a entidades privadas cubanas elegibles y consumidores individuales, bajo la excepción Support for the Cuban People. El propósito era permitir el abastecimiento de actividades independientes sin beneficiar a las entidades militares y estatales sancionadas.
Sin embargo, la investigación de Morales sostiene que GAESA ha encontrado mecanismos para acceder a ese nuevo mercado utilizando MIPYMES como intermediarias, mientras conserva el control de la infraestructura y los circuitos financieros que hacen posible la comercialización del combustible.
El negocio privado que termina en las cuentas de GAESA
El dossier identifica una contradicción fundamental: aunque las MIPYMES aparezcan como importadoras o comercializadoras, las gasolineras continúan perteneciendo a CIMEX, las operaciones de pago se realizan mediante las tarjetas Clásica administradas por FINCIMEX y los ingresos terminan depositados en el Banco Financiero Internacional (BFI), entidades vinculadas al conglomerado militar.
En otras palabras, las MIPYMES pueden participar en la operación comercial, pero GAESA conserva el control de los activos estratégicos y del circuito financiero por el que circulan los dólares.
A ello se suma una barrera económica prácticamente infranqueable para los pequeños empresarios independientes. Según los cálculos presentados por Morales, comenzar a operar con diez isotanques de combustible puede requerir una inversión inicial de entre 500.000 y 1,4 millones de dólares, sin acceso a financiamiento y con pagos al contado.
La magnitud de las importaciones refuerza los interrogantes. Entre enero y agosto de 2026, las exportaciones estadounidenses de combustible y derivados hacia Cuba alcanzaron aproximadamente 232 millones de dólares, con un récord mensual de 74,9 millones en agosto.
Para Morales, estos volúmenes difícilmente pueden explicarse mediante operaciones de pequeñas empresas independientes sin respaldo de estructuras financieras y logísticas de mayor escala.
Washington identifica las rutas y cierra espacios de maniobra
Paralelamente, la Administración Trump ha intensificado las sanciones contra empresas estatales vinculadas al comercio de combustible, entre ellas CUPET, ENETEC y COREYDAN.
Las autoridades estadounidenses también informaron de la interceptación de 90 envíos destinados a ENETEC, con aproximadamente 600.000 galones de combustible, valorados en 2,8 millones de dólares.
Estas operaciones muestran que Washington no se limita a controlar el suministro energético, sino que busca identificar las redes empresariales utilizadas para evadir las sanciones y controlar los destinos finales de los cargamentos.
El dossier advierte, además, sobre el riesgo de que combustible autorizado para el sector privado termine abasteciendo instituciones militares y organismos represivos. Investigaciones periodísticas citadas en el documento han identificado suministros a vehículos vinculados con estructuras de seguridad del régimen.
Una nueva vulnerabilidad estratégica del régimen
La investigación concluye que el cambio más importante no reside únicamente en la sustitución del petróleo venezolano por combustible estadounidense, sino en la transformación de las relaciones de dependencia energética.
Durante años, GAESA aprovechó el suministro venezolano para obtener ingresos extraordinarios mediante operaciones internacionales. Ahora debe desenvolverse en un mercado donde Estados Unidos tiene la capacidad de supervisar exportaciones, identificar intermediarios y sancionar operaciones irregulares.
Washington enfrenta, no obstante, un delicado equilibrio: impedir que el combustible fortalezca al aparato represivo sin provocar un colapso aún mayor de los servicios esenciales de los que depende la población cubana.
El desarrollo de este nuevo escenario también podría contribuir a identificar las MIPYMES utilizadas como testaferros del conglomerado militar y a exponer los mecanismos mediante los cuales GAESA intenta preservar sus fuentes de financiamiento.
La conclusión estratégica del dossier es que GAESA ya no controla las reglas del juego energético como lo hacía antes. Washington ha comenzado a disputarle no solo el control sobre el suministro de combustible, sino también la capacidad de decidir quién lo recibe, quién lo comercializa y quién se beneficia de sus ingresos.
Estados Unidos enfrenta, sin embargo, un desafío: restringir el abastecimiento del aparato represivo sin agravar todavía más la crisis humanitaria de la población. Por ello, la autorización de suministros a empresas privadas, organizaciones humanitarias y otros destinatarios elegibles continúa siendo un componente importante de su política. También por ello -no por desconocimiento- han mostrado inicialmente una gran flexibilidad al aceptar como independientes a MIPYMES “privadas” que saben operan en contubernio con GAESA.
En un régimen cuya supervivencia depende tanto del control de las divisas como de los recursos energéticos, esa pérdida de autonomía representa una amenaza que trasciende ampliamente el negocio petrolero.
