En Cuba se están promoviendo las mipymes (Micro, pequeña y mediana empresa) como solución a la crisis económica, provocada entre otras cosas por la planificación centralizada socialista. Otra posible explicación del interés del Estado en las mipymes es que sirva de pantalla para un cambio-fraude. Sin embargo, cuando una mipyme, un trabajador por cuenta propia (TCP) u otra forma de gestión no estatal (FGNE) asume los activos de una entidad estatal —mediante arrendamiento, administración, adquisición u otro método—, es fundamental que existan normas claras y transparentes para estos acuerdos. Además, el proceso y el resultado deben ser públicos.
La transparencia no solo asegura beneficios económicos para la sociedad, sino que también previene el favoritismo y otros problemas asociados. Es crucial que el público conozca de antemano qué se pretende ceder, permitiendo así la recepción del mayor número de propuestas y la selección de la mejor opción.
Las obligaciones del Estado deben estar claramente definidas, y en una licitación pública, se debe garantizar una competencia justa entre todas las ofertas. Esto puede resultar en mayores ingresos para la sociedad y mejor calidad en los servicios. El público necesita información anticipada y adecuada sobre las intenciones del Estado respecto a sus bienes, a través de diversos medios de comunicación, para que puedan participar con sus propuestas de inversión. Además, dado que los bienes del Estado pertenecen “teóricamente” a la sociedad cubana, cualquier forma de transferencia —temporal, permanente, parcial o total— debe ser gestionada con una rendición de cuentas constante a la ciudadanía.
No es aceptable que los ciudadanos se enteren de estos procesos a través de la prensa una vez que ya se han concretado, ya que esto genera desconfianza y preguntas sobre la limitada cantidad de personas informadas. En Cuba, no existen concursos públicos para que proyectos específicos accedan a recursos o espacios estatales, y la falta de transparencia en las finanzas es notable.
Casos de Clientelismo y Corrupción
Recientemente, se descubrió que un dirigente local utilizó su poder para beneficiar a una mipyme en una compra fraudulenta de refrescos. La expansión del capital privado en la Isla introduce nuevos retos en la lucha contra la corrupción, añadiendo el clientelismo a la ecuación. El clientelismo implica relaciones informales y mutuamente beneficiosas de favores entre dos sujetos, basadas en una amistad instrumental, desigualdad y diferencia de poder y recursos. Un patrón ofrece bienes materiales, protección y acceso a recursos diversos a cambio de servicios personales, lealtad, apoyo político o votos del cliente.
Este fenómeno se ha denunciado en la administración local, pero dada la falta de transparencia en la información pública pudiera presuponer la existencia de prácticas clientelistas en la política cubana de mayor alcance.
La crisis actual no afecta a todos por igual; muchos empresarios nacionales y extranjeros se enriquecen debido a la escasez y las políticas fallidas del Estado cubano. Ejemplos incluyen constructoras extranjeras que construyen hoteles semivacíos sin transparencia en los contratos y locales públicos que pasan a manos privadas sin control. Además, algunos aprovechan la inflación para vender productos esenciales a precios inflados en el mercado internacional.
Influencia Empresarial y Decisiones del Gobierno
Existen dudas sobre la influencia de empresarios en las decisiones del gobierno cubano. No es raro que un inmueble público se deje deteriorar para luego ser transferido a un privado que lo remodela y convierte en un negocio lucrativo. ¿Podemos asegurar que no hay beneficios ocultos para quienes controlan estos lugares? La insistencia en invertir la mayor parte del presupuesto estatal en la construcción de hoteles, contrariamente a las recomendaciones de expertos, sugiere posibles “tratos beneficiosos” con constructoras extranjeras o pudiera ser lavado de dinero.
Necesidad de Transparencia Total
La regulación y los procedimientos deben ser claros y las respuestas oportunas. Es esencial que se establezca una transparencia total en estos procesos para evitar la corrupción y el soborno. La falta de transparencia en casos como la administración del Estadio Latinoamericano del Cerro, que pasó a manos de una mipyme, genera desconfianza.
Este estadio no es el único caso controversial. En el corredor turístico de 1era y 70 en Playa, el gobierno municipal promovió la instalación de cuentapropistas en la primera línea de costa sin una divulgación adecuada del proceso de selección para arrendar locales estatales a emprendedores. La falta de información pública y la transparencia en estos procesos son un gran problema.
En resumen, la transparencia es esencial para evitar el favoritismo, el clientelismo y la corrupción. Los ciudadanos deben estar informados y participar activamente en los procesos que afectan los bienes estatales, asegurando así que los beneficios sean para toda la sociedad y no solo para unos pocos privilegiados allegados al régimen.