A partir del primero de enero de 2023 quedará sin efecto la exoneración de pago de impuestos a las mipymes, mientras que a los inversionistas extranjeros de la Zona Especial de Desarrollo Mariel el gobierno cubano lo exonera a pagar impuestos durante 10 años y de forma permanente de los que habrían de pagar por la utilización de fuerza de trabajo, importaciones con fines inversionistas y contribuciones destinadas al desarrollo local.

«Incentivos» es una palabra que no acaba de encontrar acomodo en el vocabulario oficial. A más de un año de la autorización de las primeras empresas privadas, sus promotores todavía reclaman facilidades para el comercio exterior, mejores vínculos con el empresariado estatal, créditos bancarios en divisas y una política impositiva más amigable (en actividades como la gastronomía los impuestos pueden representar más de un tercio de las utilidades).

Un reportaje reciente del periódico camagüeyano Adelante da cuenta de cómo las dificultades han incidido en que 123 de las 181 mipymes aprobadas en la provincia no hayan iniciado labores. La primera de las entidades apenas pudo comenzar a funcionar un año y un día después de su constitución, tras cambiar su inicial pretensión de producir pastas frescas por el procesamiento industrial de pescado. En el camino todavía tiene por delante prohibiciones como la de no poder comprar directamente su materia prima a los pescadores (debe hacerlo a través de una empresa estatal). «Lo logré porque no me rendí a pesar de todas las puertas que se cerraron», declaró Miguel Alejandro Sánchez González, el socio mayoritario de la empresa.

Desde el 12 de diciembre de 2022, cuando se conoció la nueva medida incluida en la Ley de Presupuesto de 2023, los trabajadores privados también han lamentado que nadie en el Parlamento fuera capaz de cuestionar la decisión y representar sus intereses.

«Se confirma que el sector privado es visto como un mal necesario», dijo Ernesto Pérez Castells. «Las medidas van en contra del estímulo al sector privado, más bien son medidas para ralentizar[lo]. Sin ser absoluto, podría decir que en la mayoría de los países las mipymes tienen un régimen fiscal diferenciado y flexible. Aquí, todo lo contrario. En fin, un mal necesario a controlar», agregó.

La posibilidad de mantener dentro de ciertos límites el déficit fiscal, y a un sector que comenzaba a discutirle el campo al empresariado estatal, parece pesar tanto o más que el sentido común.

SECTOR PRIVADO, ¿ENEMIGO O SOSPECHOSO?

En las últimas semanas, teóricos cercanos al Gobierno cubano han retomado el discurso «antiprivatizador», que había quedado en un segundo plano. Uno de los más activos es Ernesto Estévez Rams, quien en un largo artículo pone negro sobre blanco el motivo de recelo oficial: «La propiedad privada en lo económico […] crea desigualdades sociales, y crea clases asociadas a ellas […] también crea los intelectuales orgánicos asociados a ellas, que la defenderán [… e] intentarán pujar por sus propias asociaciones, sus propios instrumentos de comunicación, y sus propios espacios de acción política».

Fragmento del artículo “GOBIERNO CUBANO PONE FRENO AL SECTOR NO ESTATAL” publicado originalmente en El Toque.
Foto: Sadiel Mederos

Nota de Cuba Siglo 21: El gobierno cubano tiene tanto miedo al desarrollo empresarial privado que no se atreve a llamarlo por su nombre, de ahí el uso de “sector no estatal” o “formas de gestión no estatal (FGNE)”.