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El 11J: Punto de inflexión
El 11J marcó un hito en la historia reciente de Cuba, con protestas por decenas de miles de personas en 61 localidades del país. Ellas sacaron a la luz el descontento acumulado por años de políticas fallidas, como las llamadas políticas de “reordenamiento económico”, la inflación descontrolada, el desabastecimiento y el colapso del sistema sanitario agravado por la pandemia. Los manifestantes —en su mayoría jóvenes de entre 20 y 35 años— exigían derechos, mejores condiciones de vida y participación política, rompiendo con el discurso oficialista.
Represión y encarcelamientos
La respuesta del régimen fue una oleada represiva que incluyó detenciones masivas, desapariciones temporales y juicios sumarios sin garantías procesales. Entre julio y septiembre de 2021 se celebraron cientos de procesos judiciales, muchos por delitos como sedición o desórdenes públicos. Esto generó una reacción inmediata en sus familiares, que comenzaron a organizarse y denunciar los abusos, rompiendo el silencio impuesto por décadas de control estatal.
Costo social y económico
Las familias de los presos políticos han enfrentado una multiplicidad de retos. En primer lugar, la ausencia de los principales proveedores económicos de los hogares ha obligado a muchas madres, padres o parejas a reorganizar su vida para poder sostener la economía familiar. A esto se suma, el envío constante de alimentos y medicinas a prisión, los gastos de transporte para visitar a los reclusos y el gasto en abogados, que entonces llegaba a alcanzar los 4200 pesos por juicio cuando en 2021 el salario medio fue de aproximadamente 3,800 pesos cubanos, lo que equivale a alrededor de 16 dólares mensuales
Este escenario se ha visto agravado por el aislamiento social. Muchas familias han perdido el respaldo vecinal debido al miedo al estigma o a las represalias de la Seguridad del Estado. La represión incluye desde vigilancia y amenazas hasta detenciones exprés, difamación pública y ataques en redes sociales, creando un entorno de constante inseguridad.
Evolución cívica de los familiares
El autor identifica un proceso de politización progresiva de estas familias, que se ha desarrollado en cuatro fases:
- Ruptura del silencio: Tras el impacto inicial, los familiares vencen el miedo para empezar a exigir justicia, por lo general desde una postura inicialmente apolítica.
- Reclamación institucional: Intentan agotar las vías legales formales del sistema, enfrentándose a la ineficacia y complicidad de las instituciones cubanas.
- Denuncia digital: Aprenden a usar redes sociales, especialmente Facebook, para visibilizar sus casos, compartir videos y generar presión nacional e internacional.
- Protesta pública y articulación: Se integran a redes de activismo dentro y fuera del país. Movimientos como Cuba de Luto o la iniciativa del proyecto de Ley de Amnistía impulsado por Wilber Aguiar han sido claves en este proceso.
A pesar de su falta de experiencia política, estas familias han logrado establecer alianzas con la sociedad civil nacional e internacional y mantener viva la exigencia de libertad para los presos políticos, convirtiéndose en símbolos de resistencia y madurez cívica.
La “muerte social” y la tortura silenciosa
Uno de los aspectos más dramáticos abordados es la llamada “muerte social”: la marginación sistemática que sufren estas familias en su comunidad y entorno laboral. La represión no solo apunta al activismo, sino a desintegrar los vínculos afectivos, laborales y sociales, empujándolas al aislamiento.
Las consecuencias psicológicas son profundas. Según el autor, al menos el 40% de los entrevistados sufre trastornos emocionales, incluyendo depresión, ansiedad y crisis nerviosas. El artículo cita al psicólogo José Otoniel Vázquez, quien describe cómo la tortura afecta la dinámica familiar, especialmente en los niños, quienes interiorizan el miedo y la violencia, con secuelas duraderas.
La situación se vuelve más crítica en los hogares con niños pequeños o adultos mayores a cargo, ya que deben lidiar con la manutención de varios dependientes mientras enfrentan el desgaste psicológico y económico de tener a un familiar en prisión.
Conclusión: una lucha colectiva e ineludible
El 11J no solo fue un evento coyuntural, sino el detonante de un movimiento social que ha forzado a las familias a cruzar el umbral entre la vida privada y el activismo público. Su lucha ha evidenciado el uso sistemático del aparato judicial como herramienta de castigo político y ha puesto al descubierto las estrategias de control social implementadas por el régimen.
A nivel internacional, sus denuncias han logrado eco en organismos de derechos humanos y foros diplomáticos. Internamente, su acción ha contribuido al fortalecimiento de la sociedad civil y al sostenimiento de una agenda democratizadora. La liberación incondicional de todos los presos políticos es una demanda central y no negociable para poder dar inicio al futuro democrático de Cuba.
