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La inseguridad pública en Cuba se consolida como fenómeno estructural
Resumen del Informe de Inseguridad Pública 2025
Durante 2025, la inseguridad pública en Cuba dejó de ser un fenómeno coyuntural para consolidarse como un problema estructural, sostenido y en expansión. Así lo confirma el más reciente informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), que sistematiza, verifica y analiza reportes de hechos delictivos publicados en redes sociales y medios de comunicación estatales e independientes entre enero y diciembre del año.
El estudio identifica 2.833 reportes de delitos en 2025, lo que representa un incremento del 115,11 % respecto a 2024 (1.317 reportes) y un aumento del 336,58 % en comparación con 2023 (649 reportes). Estas cifras, que ya de por sí resultan alarmantes, deben interpretarse como un subregistro, dado que la opacidad del Estado cubano y la ausencia de estadísticas oficiales integrales impiden dimensionar la magnitud real del fenómeno.
Un crecimiento sostenido y transversal
La expansión de la criminalidad no se concentra en un período específico del año ni responde a factores estacionales. Solo en el segundo semestre de 2025 (julio-diciembre) se registraron 1.514 delitos, equivalentes a más de ocho delitos diarios. La distribución mensual confirma una persistencia elevada del fenómeno, lo que refuerza la hipótesis de que la inseguridad responde a causas estructurales —económicas, sociales, institucionales y políticas— y no a episodios aislados.
Las provincias con mayor número de reportes a lo largo del año fueron Matanzas (503), Granma (424), La Habana (398) y Santiago de Cuba (323). El desplazamiento de la criminalidad hacia territorios del centro-oriente y oriente del país constituye uno de los cambios territoriales más relevantes respecto a años anteriores y apunta a una ampliación del mapa delictivo hacia zonas con mayores niveles de precariedad material.
Delitos contra la propiedad: el núcleo de la criminalidad
Los robos continúan siendo la tipología dominante. En 2025 se reportaron 1.536 robos, lo que supone un aumento del 74,55 % respecto a 2024 y un salto del 479,62 % en comparación con 2023. Este crecimiento convierte al delito contra la propiedad en el indicador más sensible del deterioro social y de la pérdida de control institucional.
Resulta especialmente significativo que 407 robos estuvieran vinculados al hurto y sacrificio de ganado, una modalidad asociada directamente a la crisis alimentaria y a la expansión de economías ilegales de subsistencia. A ello se suman 577 robos contra propiedades privadas y 327 contra propiedades estatales, lo que evidencia una afectación transversal tanto a ciudadanos como a instituciones.
Drogas: una transformación cualitativa del ecosistema criminal
Uno de los hallazgos más relevantes del informe es la consolidación del delito vinculado a la producción, venta y consumo de drogas como categoría propia. En 2025 se registraron 437 reportes, una cifra sin precedentes en la serie histórica del OCAC.
La Habana encabezó la incidencia con 145 reportes, seguida por Granma (71) y Holguín (47), confirmando tanto la persistencia de la capital como nodo principal del fenómeno como su expansión hacia provincias orientales. Predominaron los cannabinoides sintéticos (“químico”) y la marihuana, sustancias de bajo costo, alta disponibilidad y fuerte penetración entre jóvenes.
El análisis revela además que la mayoría de las detenciones se producen de forma individual, lo que sugiere que las políticas de enfrentamiento no están orientadas a desarticular redes, sino a capturas puntuales que dejan intactas las estructuras de fondo.
Violencia interpersonal y diversificación del delito
Durante 2025 se reportaron 184 asaltos y 94 agresiones, ambas categorías con incrementos significativos respecto a años anteriores. Los asaltos crecieron 97,85 % frente a 2024, mientras que las agresiones aumentaron 44,62 % en el mismo período y casi se triplicaron en comparación con 2023.
La categoría “Otros”, que agrupa delitos como vandalismo, portación ilegal de armas y otras formas de ilegalidad, registró 430 reportes, con un crecimiento del 283,93 % respecto a 2024 y del 1.333 % en comparación con 2023. Este dato refleja una diversificación acelerada del repertorio delictivo, característica típica de contextos de deterioro institucional profundo.
Homicidios: descenso relativo, impacto persistente
En contraste con el resto de las tipologías, los asesinatos mostraron un descenso relativo en 2025: se reportaron 152 homicidios, un 8,98 % menos que en 2024 y un 22,84 % menos que en 2023. No obstante, el impacto social sigue siendo elevado: 173 personas murieron de forma violenta, incluidas 48 mujeres víctimas de feminicidio, según confirmó el Observatorio de Género Alas Tensas.
La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas se mantuvieron como los principales escenarios de la violencia letal, lo que sugiere la persistencia de dinámicas territoriales asociadas a conflictividad social acumulada.
Víctimas, victimarios y deterioro social
En los 2.833 delitos reportados participaron 3.526 personas como victimarios, de las cuales más del 87 % fueron hombres, confirmando el marcado predominio masculino en la autoría delictiva. El número de personas implicadas supera en 1.894 al de 2024 y en 2.581 al de 2023, lo que refleja una ampliación sostenida del universo social involucrado en dinámicas criminales.
Por otra parte, se identificaron 700 víctimas, entre ellas 213 mujeres, 48 menores y 62 ancianos, lo que evidencia un impacto creciente sobre sectores especialmente vulnerables.
Conclusiones: inseguridad crónica y crisis sistémica
Los datos del informe confirman que la criminalidad en Cuba no solo crece en volumen, sino que se diversifica, se territorializa y se vuelve socialmente más dañina. La inseguridad pública aparece estrechamente ligada al colapso sistémico del Estado, caracterizado por el empobrecimiento generalizado, la incapacidad de garantizar servicios básicos y la erosión de mecanismos formales de control no políticos.
La ausencia de estadísticas oficiales integrales y el uso propagandístico del delito como narrativa comunicacional obstaculizan cualquier política pública eficaz y profundizan la desconfianza ciudadana. En este contexto, la criminalidad no es una anomalía, sino una expresión directa de la descomposición institucional y económica.
El año 2025 deja así una constatación central: sin abordar las causas estructurales —económicas, sociales, políticas e institucionales— la tendencia no será a la reducción del delito, sino a la consolidación de una inseguridad crónica.
